Lo que falta es decisión

Son varios los informes internacionales que señalan que el entorno económico de la República Dominicana fue muy afectado en el 2011 y años previos por la corrupción administrativa, la falta de transparencia y las solicitudes de soborno por parte&#823

Son varios los informes internacionales que señalan que el entorno económico de la República Dominicana fue muy afectado en el 2011 y años previos por la corrupción administrativa, la falta de transparencia y las solicitudes de soborno por parte de funcionarios públicos.Si combinamos investigaciones como el Índice de Libertad Económica con los hallazgos del Banco Mundial que determinaron que de 163 países sólo el 32.5% obtuvieron peor calificación que República Dominicana en percepción de la corrupción y lo establecido en varias ocasiones por el Foro Económico Mundial con terribles calificaciones para el país en esta materia, debemos concluir que por un buen tiempo la corrupción se salió de control.

Esta distracción de los bienes públicos hace más difícil a Presidentes con buena intención, como Danilo Medina, gobernar con recursos, puesto que tienen que asumir las pesadas consecuencias del despilfarro.

Y aunque las cosas parecen ir por mejor rumbo, eso no es suficiente para demostrar apego a los principios de la justicia y la equidad, sino que es necesario perseguir a los corruptos y tratar de resarcir, al menos parcialmente, al Estado dominicano por tantas pérdidas. Sin embargo, sin voluntad política de los organismos llamados a realizar este trabajo, cualquier discurso al respecto y cualquier lucha es fallida.

Organizaciones de la sociedad civil como la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) han depositado decenas de denuncias bien fundamentadas sobre serias irregularidades en oficinas públicas, muchas de ellas incluso apoyadas en auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, pero en ninguna se ha puesto en movimiento la acción pública.

El país tienes leyes de sobra para perseguir y sancionar la corrupción y garantizar la transparencia en las prácticas públicas. Desde un capítulo extenso del Código Penal sobre delitos contra la cosa pública pasando por leyes especiales como la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley sobre Función Pública, y entre otras, la ley que crea un departamento especializado del ministerio público para la persecución de la corrupción administrativa.

Por ello no se entiende que justamente el citado departamento pretenda justificar su inacción en presuntas fallas de las auditorías entregadas por la Cámara de Cuentas como una forma de limpiarse las manos por haber sido tan inoperante, pues instrumentos tiene de sobra incluso para motorizar sus propias investigaciones. Lo que aún falta es interés, decisión firme y valentía para hacer cumplir el marco legal vigente en la materia.

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