La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) solicitó al Consejo del Poder Judicial que publique las actas y decisiones que tome en torno al traslado, remoción o ascenso de los jueces.En ese sentido, externó su inquietud por los cambios que ha hecho el alto organismo sin conocimiento de los mismos afectados, que por ley están obligados a conocer. En un comunicado de prensa la Finjus manifestó que estas acciones “ponen en serio cuestionamiento la independencia e imparcialidad de la judicatura”.
“La Constitución de la República atribuye la capacidad de traslado de los jueces en el Consejo del Poder Judicial, pero no le da a dicho órgano la discrecionalidad para efectuar dichos cambios sin que los mismos sean debidamente motivados”, alegó la Finjus.
Las razones del presidente del Consejo y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, han generado mayor preocupación para la Finjus. Según el magistrado, estos traslados han sido adoptados exclusivamente en base a criterios de proveer “un mejor servicio” a los usuarios del sistema de justicia y para que se “mantenga un equilibrio en el servicio”.
La entidad recordó que las leyes dominicanas garantizan la independencia judicial, la inamovilidad e imparcialidad de la judicatura. “La Constitución, en su artículo 151, expresa que los jueces son inamovibles, es decir, que ‘no podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley” y recordó que un juez inamovible no puede ser trasladado o cambiado de instancia sin su consentimiento.
El mes pasado, las magistradas Elka Reyes Olivo, del Tercer Juzgado de la Instrucción, y Rosanna Vásquez Febrillet, de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fueron trasladadas a la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santo Domingo y a la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, respectivamente. Estos “traslados arbitrarios” fueron rechazados por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción.
La Finjus comentó que esas acciones pueden interpretarse como actos de retaliación, castigo o discriminación ilegal que pondría en dudas la independencia del Poder Judicial.
