A la dictadura se llega por varias vías, la más común con el uso de la fuerza. En América Latina los liderazgos mesiánicos se valen de un uso torcido de la Constitución para asaltar los poderes del Estado y perpetuarse en el gobierno, con la complacencia casi siempre de las élites intelectuales y económicas. Los ejemplos abundan.

En enero de 2011 esas élites aceptaron, siendo testigos presenciales, una de las más groseras intromisiones de un poder sobre otro, lo que puso en claro la deplorable desnudez institucional que vivíamos bajo un falso ropaje democrático. El entonces presidente Leonel Fernández convocó a legisladores, abogados y líderes empresariales a una reunión en su fundación, en la cual designó, sin reparo de los presentes, una comisión para asesorar al Congreso en el tema de la Corte Constitucional, a mi juicio, como escribí entonces, una deplorable muestra de aniquilación del principio de la separación de poderes.

Incluso el escenario era otra muestra de inconsistencia institucional, en vista de que el tema pertenecía a la esfera del Congreso y era allí donde debía adoptarse tal decisión, por voluntad e iniciativa de sus dos cámaras, y no en el ámbito de una fundación privada. Resultó curioso que ninguna de las muchas personalidades que estaban en la reunión observara que la creación por el presidente de una comisión asesora del Congreso para un tema relativo al Poder Judicial constituía un acto impropio, en términos del respeto que un poder del Estado le debe a los otros.

Ninguno de los representantes del Congreso presentes en la reunión puso objeciones al anuncio, ni se escuchó tampoco reparo alguno de parte de los demás participantes, en su casi totalidad duchos abogados, con amplio ejercicio y profundo conocimiento de los temas constitucionales. Cuando leí aquello me dije que en este país un político sólo necesita agallas para convertirse en un dictador.