Cuando más de una voluntad se une para perseguir juntas un objetivo, las posibilidades de alcanzarlo siempre aumentan. Lamentablemente esto sucede no solo para bien, sino que muchas veces la asociación se hace para el mal.
Y eso es precisamente lo que se hizo en el caso de Bahía de las Águilas una asociación para el mal que orquestó un maquiavélico plan para transferir cientos de tareas desde Bienes Nacionales al Instituto Agrario Dominicano a través del ardid de declarar parcelas agrarias tierras que en su mayoría no tenían esta vocación, para beneficiar con terrenos de un potencial turístico invaluable a funcionarios, sus acólitos y un grupo de especuladores, repartiéndose como un botín de pirata bienes del Estado antes de dejar el gobierno.
Casi 20 años tuvieron que transcurrir para que pudiéramos tener una primera victoria con relación a este caso, que surgió precisamente luego del momento más oscuro en el que un grupo de actuales funcionarios promovieron la idea de que no había otra salida para el caso que aceptar el colosal fraude inmobiliario transando con los supuestos adquirientes de buena fe, entregándoles el 45% del valor de las propiedades, pues de lo contrario según estos “habría que esperar por lo menos 50 años” para que el problema fuera resuelto en los tribunales.
Afortunadamente gracias a una reacción firme de la sociedad y de opinadores públicos, pero también gracias a que el presidente Medina tuvo la sensatez de escuchar estos reclamos, pasamos en un año y algunos meses de haberse suscrito el poder mediante el cual se autorizaba la firma de los contratos con los beneficiarios del fraude, a tener hoy la sentencia dictada por la magistrada Alba Luisa Beard del Tribunal de Tierras, declarando los títulos emitidos como fraudulentos y en consecuencia anulando los mismos, conforme las informaciones reseñadas por la prensa.
Algunos pensarán que ocurrió un milagro, pero más bien lo sucedido es una prueba fehaciente de que cuando existe voluntad política para hacer las cosas bien, las mismas se pueden lograr y en tiempo relativamente corto, sobre todo si quienes están llamados a defender los intereses del Estado lo hacen con la responsabilidad, la excelencia y oportunidad requeridas, como ha sido el caso del ejemplar trabajo de Laura Acosta, que no solo defendió magistralmente al Estado sino que lo hizo desinteresadamente.
Y es que el problema principal de nuestro Estado es que generalmente no ha tenido quien lo defienda, sino mucha gente dispuesta a beneficiarse del mismo y de sus recursos, por eso lo han hecho cada vez más grande en tamaño.
Ojalá se mantenga la alineación positiva que ha permitido poner las cosas en su justo lugar declarando como fraudulentos los títulos emitidos hasta que se obtenga una sentencia definitiva, que no borrará la vergüenza del desistimiento de todas las acciones penales operado en el 2004 ni de que a la fecha no haya habido sanción alguna contra los malos funcionarios que se confabularon para estafar al Estado; pero al menos permitirá que las Águilas puedan volar alto, emulando la leyenda de su renovación, liberadas de los mugrosos grilletes que las encadenaban.
