Organizaciones de la diáspora haitiana pidieron a las autoridades dominicanas y haitianas que realicen un diálogo binacional sobre el Plan de Regularización.Las instituciones que integran la diáspora en el país consideran que es preciso realizar un encuentro de esa naturaleza para aportar soluciones adecuadas a los problemas que ponen en peligro el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que implementa el Estado dominicano, a través del Ministerio de Interior y Policía.
Expresaron que después de tres meses de iniciado el plan, han enviado a las autoridades de ambos países los resultados de un taller de evaluación del proceso, así como del Programa de Identificación y Documentación de los Inmigrantes Haitianos (PIDIH), que ejecuta la embajada haitiana. Precisaron que detectaron 39 problemas o situaciones que limitan el desarrollo de los mismos.
“Para cada problema o situación hemos trabajado las posibles soluciones en una propuesta con 10 recomendaciones a los dos gobiernos”, dijo Sirena Dolis, directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas.
Por su lado, Beneco Enecia, director del Centro de Desarrollo Sostenible, indicó que la mayoría de los candidatos al Plan dependen de los documentos de identidad que les provean las autoridades haitianas, los cuales son exigidos para facilitar la regularización de su estatus migratorio.
Haití y RD no han abierto centros
La entidad resaltó que ninguno de los Estados ha respetado sus propios plazos, situación evidenciada particularmente en la apertura de los Centros de Regularización y de documentación.
Observaron que en los tres meses de implementación del Plan, “sólo 18 de los 32 centros anunciados para todo el país están funcionando. En tanto, que Haití tiene hasta ahora abierto un solo centro que funciona con diversas dificultades para las cinco ciudades donde tiene una presencia diplomática o consular” en RD.
Consideraron que es necesaria la firma de un acuerdo bilateral con el fin de tener una nueva estructuración de soporte para la regularización; nuevas disposiciones administrativas y operativas para agilizar los trámites en los dos programas, financiamiento de agencias de cooperación internacional y la integración formal de los actores sociales.
