El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana llegó al fin a un acuerdo sobre su posición en relación al proyecto de ley de partidos políticos. Las diferencias internas de esa organización impedían que se aprobara una legislación que tiene cerca de 15 años discutiéndose en el Congreso Nacional. A pesar de que las diversas fuerzas políticas han pactado la aprobación de esta ley en distintas coyunturas, no ha existido hasta el momento la disposición para cumplir con lo acordado. Lamentablemente ha prevalecido la resistencia a la regulación de los partidos y de las campañas electorales. Superadas las posiciones encontradas en el PLD, crecen las expectativas sobre la definitiva aprobación de la ley de partidos.
Esta nueva legislación, junto a la aprobación del proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, deberá contribuir a mejorar la equidad y transparencia del próximo torneo electoral. Las elecciones del 2016 serán un proceso muy complejo, pues su unificación, a partir de la reforma constitucional del 2010, implicará la escogencia de algo más de cuatro mil cargos electivos. Decenas de miles de candidatos/as compitiendo en medio de una campaña electoral débilmente regulada, podrían ocasionar una situación de caos e inestabilidad en el sistema político, que es necesario evitar. Para ello se requerirá del impulso de las reformas políticas pendientes y de la constitución de órganos electorales autónomos y revestidos de credibilidad.
Aunque lo segundo es más difícil de lograr, con lo primero se podría avanzar si las organizaciones políticas se comprometen realmente con la aprobación de la ley de partidos. Aunque esta ley por sí sola no resolverá todos los problemas del sistema político, deberá ayudar a su solución. Sin embargo, el Congreso deberá cuidarse de que no se apruebe una ley propia del gatopardismo, es decir, que promueva cambios para que todo siga como está. Si en la legislación en discusión no se abordan los temas fundamentales para mejorar la democracia interna de los partidos, la inclusión, la equidad en la competencia electoral y la transparencia del financiamiento político, nada se habrá logrado.
A pesar de que existen varios proyectos distintos, en estas propuestas aún faltan temas que son esenciales y que los legisladores deberán tomar en cuenta. Entre ellos, el de evitar la tendencia creciente del financiamiento que aporta el Estado a los partidos políticos y cómo hacer que este se distribuya de manera más proporcionar entre las distintas fuerzas políticas. El tope de gastos en la campaña, el control del financiamiento privado y el acceso a medios de comunicación, son temas que deberán ser profundizados.
