Los dominicanos pretendemos que vivimos en una sociedad democrática. Y parece que así es. Nos regimos por un marco legal bajo un sistema constitucional. Autoridades elegidas por el voto de la ciudadanía. Somos gobernados por un concierto de poderes. Tenemos incluso el lujo de una corte superior que determina la legalidad de las actuaciones de gobernantes y gobernados.
Pero para todos los fines no siempre agotamos los procedimientos que establecen las normas y unas veces solemos recurrir a las vías de hecho, incluida la violencia. En efecto, ya el fallecimiento de una o más personas en una manifestación con oscuros motivos es parte de nuestra rutina.
Como en los tiempos más primitivos, igual las personas se “hacen justicia con sus propias manos”. Ya mediante el perverso régimen del sicariato o en cualquier lance callejero o de camino. Nuestra liviandad se olvida de todos esos estamentos que con mucho esfuerzo nos hemos dado.
Por cualquier motivo, sin agotar los medios pacíficos, se paralizan las actividades de un entorno, una comunidad, una región, generalmente con el recurso de la violencia.
Nada de eso tampoco escandaliza. Se asume como parte del “juego democrático”, que se suponía en los términos de la ley y el orden.
Los mismos que recurren a las paralizaciones y las turbamultas, son los mismos que reclaman el predominio del estado de derecho.
Las esencias de la democracia se pierden a conveniencias de las partes. Andamos por malos caminos.
Nada de cuanto enumeramos ocurre solamente en las capas más simples de la sociedad. Pasa lo mismo a niveles empresariales. Por ejemplo, el servicio de ordenamiento del tránsito con semáforos en las ciudades, en particular, en el Distrito Nacional, está contratado con una compañía. El gobierno, irresponsablemente no paga a tiempo el mantenimiento. La compañía decide por su cuenta desactivar los semáforos. ¡Eso no puede ser en una sociedad donde impere la ley! Es lo mismo que los proveedores de electricidad, que cuando el gobierno no paga a tiempo igual sacan de servicio sus plantas.
Ese estado de cosas es impropio de una democracia. Se prostituyen los procedimientos y eso sólo conduce al caos.
