Al observar la ley sobre Loma Miranda, el presidente Medina tomó la decisión correcta. Promulgarla hubiera puesto al país en una situación muy incómoda, pues implicaba una estocada al clima de seguridad jurídica y un compromiso económico superior a la capacidad nacional para encararlo. Y no sólo por la posibilidad de sumir al país en un arbitraje internacional, sino por la obligatoriedad adicional de indemnizar a los propietarios nativos de ese lugar, entre los que figuran familiares y allegados muy cercanos a gente vinculada al Congreso. Se alega que la ley contempla fuentes de recursos para atender esto último, pero a la postre ello implicaría la creación de nuevos tributos.
La suspensión definitiva de las actividades de la empresa afectada, Falcondo, generaría una especie de recesión económica en la provincia Monseñor Nouel por la pérdida de empleos y la disminución consiguiente de la actividad comercial. Esa eventualidad fomentaría una situación permanente de desasosiego y agitación social y cabe señalar, para aquellos que abriguen dudas, que ya han cerrado decenas de pequeños y medianos negocios en Bonao por efecto de la disminución temporal de las actividades mineras.
Independientemente de que Loma Miranda no califica ambientalmente para ser declarada zona protegida o reserva nacional, el país y los habitantes de esa provincia y de La Vega no se merecían el castigo que habría significado la promulgación de la ley. Su aprobación por el Congreso es difícil de entender, fuera del ámbito de las presiones sociales, por el hecho de que el partido oficialista posee el control de ambas cámaras, lo que hace suponer que en el fondo esa iniciativa estuvo siempre ligada a diferencias internas. Que el presidente Medina decidiera, al observarla, poner en juego su alto nivel de popularidad para evitarle una encrucijada al país, dice mucho a su favor.
