Problemas que afectan a las personas están claramente identificados, altamente conocidos, pero pasa el tiempo y nadie se anima a solucionarlos. Muchos de esos asuntos son de importancia capital para la vida de las personas, y sobre todo, de las más desprotegidas.
Es verdad que quienes se atreven a señalarlos no siempre cuentan con los medios para remediar, pero en el caso que nos atañe, por lo menos se cumple con el deber de decirlo.
Nos referimos concretamente a la declaración del pasado jueves de la directora del Seguro Nacional de Salud (SENASA), doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que una vez más solicita al Consejo Nacional de la Seguridad Social que amplíe la cobertura del Catálogo del Plan de los Servicios de Salud.
Una cuestión fundamental: la actualización del Catálogo del Plan Básico de Salud, que igual acusa un rezago que termina impactando negativamente a los pacientes y las finanzas de las aseguradoras. Eso provoca también que procedimientos que la ciencia médica hoy resuelve por medios más simples, precisos y seguros, sigan siendo manejados mediante métodos que ya resultan no sólo obsoletos, sino tremendamente agresivos e invasivos.
Pone como ejemplo la extracción de la vesícula biliar mediante laparoscopia, que no figura en el Catálogo del Plan de Servicios de Salud, a pesar de que se trata de un método mucho menos invasivo y traumático que la colecistectomía abierta.
Asimismo, la población y los tiempos demandan variadas coberturas necesarias, ya prácticamente imprescindibles, que sin embargo no están incluidas en el Plan.
¿Qué debe hacerse? Muy sencillo. El CNSS tiene los medios para resolverlo. Quizás los nuevos procedimientos resultarían menos onerosos.
Otra cuestión, como la cobertura de los trabajadores informales, igual amerita una decisión si se considera que representan un alto porcentaje de la fuerza laboral.
Como esos trabajadores no tienen ninguna protección, terminan presionando las finanzas de los hospitales públicos.
Un régimen que les permita contribuir, y al mismo tiempo beneficiarse en un ambiente de seguridad, probablemente encontrará acogida entre esas personas.
Esta cuestión podría considerarse seriamente. Un estudio sobre las implicaciones que tendría para las finanzas públicas podría animar al CNSS a valorarlo.
