Las encuestas siguen indicando que la población dominicana entiende que el problema fundamental en el país es el de la seguridad pública. Esta percepción prevalece a pesar de los esfuerzos que se hacen a partir de la puesta en vigencia del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Se reconoce, además, que la tasa de homicidios violentos se ha reducido durante los últimos meses. ¿Quiere decir esto que la opinión pública sobre la seguridad ciudadana no se sustenta en bases reales? Claro que no, lo que quiere decir es que la tranquilidad de la gente está siendo afectada por otros problemas que los indicadores no están tomando en cuenta.
En primer lugar tenemos los robos, atracos y otros tipos de delitos comunes que están muy presentes en distintas zonas del país y que los indicadores de criminalidad no miden, pero que la gente lo siente en su cotidianidad. Genera inseguridad, además, la práctica extendida de microtráfico de drogas a los ojos de las autoridades, sin que estas hagan nada. Por otro lado, a lo anterior se suma el deplorable papel de miembros de la Policía Nacional que más que proteger, agreden y apresan a jóvenes con el propósito de obtener dinero de sus familiares.
Por lo tanto, la percepción de que la seguridad pública está mal o muy mal tiene razón de ser. En vez de contrarrestar esta opinión, lo que deben hacer las autoridades es definir planes y políticas integrales que enfrenten la causa de la criminalidad. Además de iniciativas como el 911, se requiere de un compromiso real con la reforma de la Policía Nacional, el fortalecimiento de la Justicia y la definición y puesta en práctica de medidas tendentes a reducir la profunda desigualdad social, situación que se constituye en caldo de cultivo para la violencia.
En tal sentido, se debe prestar atención a la opinión de la gente. Se debe renunciar a posturas autocomplacientes que lleven a reducir la intensidad del trabajo porque las estadísticas son favorables. De igual manera, se debe procurar cambiar la visión de que la delincuencia común se enfrenta con mano dura, lo que lleva a justificar el asesinato de personas en supuesto intercambios de disparos. ¡Vaya contrasentido en un país donde el gran crimen, incluyendo la corrupción administrativa, se trata con manos de seda! Avanzar en la lucha contra la inseguridad requiere de un gran compromiso de las autoridades que se exprese en el impulso de las reformas pendientes y la disposición de los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios.
