JCE y la presión gubernamental

El presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, ha lanzado una voz de alerta que debe preocuparnos a todos. Ha dicho que desde esferas del Poder Ejecutivo, es decir, desde el Gobierno, hay la intención de desarrollar…

El presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, ha lanzado una voz de alerta que debe preocuparnos a todos. Ha dicho que desde esferas del Poder Ejecutivo, es decir, desde el Gobierno, hay la intención de desarrollar una política de acoso contra esa institución. Y el tema ha resurgido de identificables funcionarios, que no se sabe con cuáles motivos “quieren agarrarlo por el cuello” en sus importantes funciones como presidente del órgano responsable de organizar las elecciones y administrar y proteger el Registro Civil.

Parece que estas personas desde sus despachos en el Ministerio de Hacienda y la Contraloría, han identificado el proceso de compras y contrataciones que se usa en la JCE, para su punto de partida en su estrategia para el ataque.

Con suficientes argumentos Rosario Márquez ha planteado que: “Lo que la JCE ha dicho es que el artículo 212 de la Constitución señala que el organismo tiene autonomía administrativa y por ese concepto todos los órganos constitucionales.
Si alguien quiere atacar una decisión administrativa de la JCE donde tiene que acudir es al Tribunal Superior Administrativo y no a la Dirección de Compras”.

Algunas personas tratan de presentar estas diferencias como el interés de estos funcionarios del Gobierno en cumplir con su trabajo, pero llama la atención el ímpetu de sus ataques.

“Y qué pena que esto esté ocurriendo a dos años del proceso electoral, pues este país hizo demasiado esfuerzo por tener una JCE independiente, que no tuviera manipulada y que no sufriera los embates del Poder Ejecutivo”, ha dicho el presidente de la JCE.

Y como dice el periódico Diario Libre en su editorial de ayer viernes, “La Constitución parece darle la razón (a la JCE) en cuanto define a la Contraloría General de la República como un “órgano del Poder Ejecutivo”, y el artículo 2 de la Ley 07-10 de la Contraloría excluye expresamente a la JCE de su jurisdicción, al afirmar en el Párrafo III que “Los Poderes Legislativo y Judicial, … la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral, establecerán y mantendrán su propio control interno…”. Entonces, ¿qué es lo que se busca?

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