El Estado y el Derecho son medios de control y cohesión social al servicio de lo que Marx llamaba “clase gobernante”, y el jurista español Alejandro Nieto llama “clases eminentes”.Quien hace las leyes, y traza los parámetros dentro de los cuales debemos actuar en sociedad, se “blinda” –termino algo usado los últimos años en el país-, contra todo lo que pueda perjudicar estos intereses preeminentes. Es hasta lógico que sea así. Y, dentro de los “frenos” a las mayorías que impone quien manda están la moral, la religión y el respeto al orden establecido.
Claro está que reglas de convivencia deben existir, y algún método debe haber para instaurarlas. El “democrático” (con comillas) es de los menos malos. Pero en países sin respeto a las instituciones, sin jueces independientes del poder político, sin sanciones para “los de arriba”, sin límites al ejercicio real del poder, sin parámetros morales o éticos, y donde el Estado es para hacer “acumulación originaria de capitales”, no es tan fácil la respuesta.
Por esto la percepción de que la ley existe para unos, pero no para otros. Ese es el punto. Respetar el “derecho de propiedad”, el “estado de derecho”, “los derechos adquiridos”, entre otros bonitos términos, frente a la corrupción probable para obtener el contrato minero, la falta de transparencia en la recepción y supervisión de los recursos que generaría; frente al daño ecológico que representaría, avalado por estudios ya realizados, incluso por decisiones del Tribunal Constitucional, indican que la mejor decisión es declarar a Loma Miranda Parque Nacional.
Claro, entre los grupos que postulan esto habrá quienes quieren pescar en río revuelto, procurando saltar métodos “institucionales” para llegar a la violencia, misma que, aunque podría justificarse en determinados momentos, es “la última ratio”, como diría algún teórico. Ahora bien, eso no demerita el reclamo que es, evidentemente, popular.
Hasta aquí dos puntos: primero, es populismo hacer lo que quiere el “soberano-pueblo” (entre comillas), donde supuestamente reside el poder? No. Además, para saber si el reclamo es mayoritario estarán las encuestas, especie de ciencia moderna utilizable ahora para todo.
Dos, de donde saldrían los fondos para indemnizar. Para eso están los “sofistas de las finanzas” (hay sofistas para todo), claro que no sea otra carga a los contribuyentes. Que justifiquen, como lo hacen con todos los proyectos faraónicos que hemos tenido. Además, de ¿qué cantidad hablamos? Cuando en el país las obras se licitan por un monto y terminan siendo varias veces superior a lo licitado, y los fondos aparecen. Y, si ponemos en una balanza, la indemnización de un lado y el daño medio ambiental de otro, ganaría declarar Parque Nacional a Loma Miranda.
El punto es que las multinacionales tienen abogados nacionales inteligentísimos y que se llaman así mismo “intelectuales” -y lo son, es la verdad- que, como bien dice Alejandro Nieto sobre la función del abogado, “…no están para colaborar en el cumplimiento de la ley, sino precisamente para lo contrario: para ayudar al cliente a sortear los obstáculos que aquélla pueda haber colocado”. (El derecho y el revés: 2014, 75). Lo malo es que esos obstáculos o intereses que quieren saltar los “sofistas de la escritura” no son para beneficiar a las mayorías nacionales, sino a la multinacional. Pero, repito, “para eso están los sofistas”.
