Ha causado malestar entre diversos sectores del ámbito judicial la designación a otras salas de la misma jurisdicción y el traslado de jueces que realizó el Consejo del Poder Judicial (CPJ).El CPJ trasladó a Federico Fernández de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo y lo designó como presidente de la primera sala de ese Tribunal, en tanto que Rafael Ciprián, quien también era juez de la Segunda Sala, en lo adelante será el presidente de la Sala Liquidadora de esa entidad.
Las juezas Elka Reyes y Rosanna Vásquez, del Tercer juzgado de la instrucción y la novena Sala Penal del Distrito Nacional, respectivamente, también fueron trasladas.
Reyes fue enviada a la Cámara Civil de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia Santo Domingo, y Vásquez, a la Quinta Sala Laboral del Distrito Nacional.
Ayer un grupo de juristas sometió una instancia ante el Poder Judicial pidiendo la revocación del traslado de los jueces del Tribunal Superior Administrativo.
“Le estamos intimando, requiriendo al Consejo que se ajuste a la legalidad. La respuesta ha sido la indiferencia, hasta este momento, razón por la cual este grupo de organizaciones estamos articulando un conjunto de entidades para impulsar acciones que pueden implicar paros regionales y un paro nacional”, sostuvo el jurista Cándido Simón.
También indicó que el traslado de jueces y juezas sin su anuencia “mata su independencia funcional”.
“Estas decisiones inesperadas afectan todo el sistema de justicia debido a que infunde terror y es la ciudadanía que al final saldrá perjudicada ante jueces atemorizados por la posibilidad de un traslado cuando lo que decidan en derecho pueda afectar intereses encontrados”, refirió.
Abogados del PRM
El Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), igualmente expresó su preocupación e indignación “por la manera alegre como el Consejo del Poder Judicial ha estado degradando a los jueces de los tribunales de la República Dominicana, con traslados antojadizos y sin contar con la aprobación de los magistrados afectados, en franca violación a la ley”.
Belgia Soler, presidenta de los abogados del PRM, manifestó que “todos los traslados y degradaciones se han producido por asuntos políticos, como manera de castigo a los que no acaten la línea política que los miembros del Consejo del Poder Judicial bajan a algunos magistrados”.
FJT dice que los cambios son castigo por gallardía
La Fundación Justicia y Transparencia emitió su rechazo a los cambios producidos en el sistema. Trajano Potentini dijo que el cambio de jurisdicción de los jueces del Tribunal Superior Administrativo, que fallaron a favor de Loma Miranda y en contra del impuesto a las compras por Internet, “son un castigo por la gallardía y el valor con el que defendieron los intereses populares”, salvaguardando el estado social y democrático de derecho”.
