En círculos políticos se acaricia todavía la idea de prohibir la abstención electoral y sancionar toda propaganda promocional sobre ella. Si una monstruosidad inconstitucional como esa llegara a aprobarse, posible en un país sin instituciones fuertes como el nuestro, la Junta Central Electoral debería concluir el trabajo de destrucción de la libertad de elección del pueblo dominicano, que tal cosa supondría, eliminando la categoría de ciudadano y en su lugar clasificar a los electores con el nombre de borregos. Porque en eso nos convertiríamos.
Dejaríamos de ser ciudadanos con capacidad para decidir libremente en materia electoral, para convertirnos en una sociedad de asnos, conducidos cada cierto tiempo como manada a los centros de votación para darles nuestros votos a favor de quienes una boleta nos indique.
Es cierto que hay países todavía en donde votar es obligatorio, con fuerte penalidad para quien no lo haga, como la pérdida de derechos civiles por un año, tal cual sucede en algunos sistemas electorales latinoamericanos, y ya sabemos sus penosos resultados.
Pero esa obligación riñe con el principio del derecho a la libre elección, consagrada en nuestra Carta Magna y atenta contra otros derechos humanos fundamentales.
La abstención por lo demás es un voto de conciencia. Cuando un ciudadano decide abstenerse porque rechaza todas las opciones, hace de la abstención un acto serio y profundo de reflexión electoral y contribuye con ello al fortalecimiento de la democracia. La obligatoriedad del sufragio sólo sería aceptable como objeto de discusión si se acompañara del voto de protesta, una casilla en blanco que permitiera a los electores expresar su inconformidad con las candidaturas propuestas y que se contabilizara y no quedara como observado o voto nulo. El voto obligatorio sería una puñalada a la democracia.
