Hace unos días, una turba intentó linchar a un delincuente armado en Santiago por haber sido sorprendido tratando de despojar a un motoconchista de su motocicleta. La multitud atacó al presunto ladrón con palos y pedradas hasta que la policía intervino para evitar que lo asesinaran, pero a pesar de que hay evidencia de sobra de lo ocurrido no hay nadie detenido por este hecho.
Los linchamientos son comunes en América Latina, especialmente en Guatemala, México y Bolivia. En República Dominicana, se están haciendo cada vez más frecuentes y más brutales, producto de la pérdida de la capacidad de la gente de sorprenderse e indignarse ante estas atrocidades.
Esto es un resultado entendible, más no justificado, de la poca protección ciudadana y la débil impartición de justicia. Y este estado de indefensión lleva a las personas a querer buscar auto tutela.
Es natural la impotencia que muchos pueden sentir al ver cómo conocidos delincuentes son devueltos a las calles por el sistema, pero ello no puede conllevar a otra ilegalidad aún mayor y a legitimar públicamente la agresividad en turbas y la búsqueda de la justicia por “propias manos”, no sólo por un tema de Derecho y derechos, sino porque insensibiliza a la población ante el dolor ajeno y esta es la receta perfecta para asegurar una sociedad cada vez más violenta.
Estos hechos, a pesar de que casi siempre son recogidos en detalle por testimonios, videos y fotos que hasta circulan en las redes sociales, tienen en común que quedan en la impunidad producto de un silencio cómplice que revela la pasividad de las autoridades llamadas a sancionar a los delincuentes.
Los linchamientos nada tienen que ver con justicia social. Son puros asesinatos y deben ser perseguidos y castigados conforme a la ley. La multitud que lincha en grupo y sin proceso no sólo actúa con cobardía, sino que impone sin juicio y de forma expedita la pena de muerte a personas que no tienen siquiera la oportunidad de defenderse en un tribunal y demuestra que es tan o más delincuente que aquél o aquellos que pretenden linchar.
La falta de intervención policial y la falta de acción de un ministerio público que elige no hacer nada para procesar personas que golpean, disparan, acuchillan y hasta queman, es algo vergonzoso.
Es necesario que las autoridades se dispongan a frenar esta práctica condenable pues es cada vez más habitual en nuestro país por la falta de consecuencias.