En los diferendos con Haití, y especialmente durante los encuentros binacionales, los dominicanos nos pasamos de decentes y buenos. Y de buena fe nos creímos todo lo que nos decían los hermanos haitianos, ignorando el curso de la historia.
En efecto, desde aquellos días, y a partir de algunas declaraciones, actitudes y hechos, todo lo concertado hasta ese momento, como siempre, se quedará en los papeles. Los compromisos que diligentemente suscribieron los ministros Laurent Lamothe y Gustavo Montalvo son cosas del ayer, un pasaje idílico de la vida domínico-haitiana.
Por lo que presenciamos hoy, las autoridades dominicanas fueron burladas. El ministro Montalvo en primer término, y luego el presidente Danilo Medina, después de tanto empeño en crear los instrumentos para favorecer a la comunidad haitiana en el país.
Las autoridades nacionales hicieron las necesarias concesiones que exigieron las autoridades haitianas. Todo eso condujo a la Ley 169-14 después de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Les sacaron a nuestros negociadores hasta las vísceras, y ahora se burlan, descaradamente.
Las autoridades haitianas siempre actuaron con un plan. Pedían y hacían. Las dominicanas hablaban y concedían. Hay que asumir con seriedad los hechos. Aceptar que fueron engañadas y actuar en consecuencia.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros fue más que condescendiente, y a consecuencia de ello las autoridades de Haití se persuadieron de que las autoridades dominicanas son débiles. Que les falta coraje para asumir lo que las leyes del país establecen.
Este es el momento para enviar el mensaje adecuado. Que entiendan que se han excedido. Que la campaña requiere respuestas.
Las repatriaciones deben iniciarse en los parámetros de la Ley, no sólo por las burlas y la traición, por ese temperamento tan ladino, sino porque son un imperativo. La fortaleza dominicana estará determinada por la calidad de esa acción.
Las mentiras son parte de la burla, del juego. Pero pretender que, bajo la presión de la desacreditada OEA, que debe ser repudiada por siempre por los dominicanos, y una anémica comunidad caribeña, la República Dominicana se obligue ahora a quedarse con la totalidad de los inmigrantes ilegales, es extralimitarse.
Se les fue la mano. Merecen una respuesta contundente.