Mucho se ha hablado de las leyes que crean fondos especiales para determinadas instituciones. Pocas se cumplen. El 4% para la educación ha sido la excepción. El resto es letra muerta, como la ley 194 del 28 de julio del 2004, que asigna al Poder Judicial el 4.10% de los fondos generales de la Nación, un 2.6% para la Suprema Corte de Justicia y el 1.4% para al Ministerio Público.
Imaginamos que esa especialización de fondos obedeció a un espíritu dirigido a fortalecer la institucionalización de ese poder del Estado. En el sistema constitucional de la separación de los poderes, con una fuerte predominancia del Ejecutivo y el Legislativo, la tendencia en países como República Dominicana es que el primero disponga unilateralmente de los fondos públicos, mediante una ley de Ingresos y Gastos que suele ser sumisamente aprobada por el Legislativo.
El Poder Judicial tiende a recurrir a la plañidera. Otras veces –como ahora- observa con cierta dignidad cómo el Ejecutivo reparte los ingresos nacionales, en atención a sus propósitos, sin considerar el valor de las instituciones encargadas del mantenimiento de la paz social mediante la administración de la justicia, olvidando que es clave para la gobernabilidad, la disminución de la conflictividad, la violencia y la inseguridad.
Con el establecimiento del Tribunal Constitucional, que es un supra poder para la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, la asignación de los fondos públicos parece complicarse más para esos estamentos de la institucionalidad democrática, y se pronuncia la tendencia al desconocimiento o la humillación. El presidente de la Suprema Corte prefirió la elocuencia del silencio ante un Ejecutivo que no abre espacio a negociaciones convenientes con sus pares.
El Tribunal Constitucional no oculta la frustración, toda vez que ante sus aspiraciones a un aumento del Presupuesto la respuesta ha sido algo así como una burla: 1.3 millones más.
Con alguna razón, Milton Ray Guevara percibe que se pretende humillar al Constitucional y que con tal asignación presupuestal unilateral se está ante “un grave atentado a la autonomía presupuestaria del Tribunal Constitucional…” como retaliación por su accionar, lo que sería gravísimo para la vigencia de la institucionalidad.
