El estudio “La Brecha de Infraestructura Económica y las Inversiones en América Latina”, de Jeannette Lardé y Ricardo J. Sánchez, publicado por la CEPAL del 2014, analiza los niveles de inversión pública y privada en los sectores energía, agua potable y alcantarillado, telecomunicaciones y transporte en los países de la región.
El estudio revela que durante el período 2002-2012, el promedio de inversión en estos sectores apenas representó el 2.7% del PIB, muy distante del nivel de 6.2% que ha sido estimado como adecuado para el 2012-2020, si el objetivo fuese satisfacer las necesidades de las empresas y los consumidores, y al mismo tiempo facilitar la inserción de la región a la economía global y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Contar con infraestructuras físicas adecuadas es una condición necesaria para posibilitar el crecimiento económico en el largo plazo a través de mejoras en la competitividad. La iniciativa privada y la acción pública deben contar con los incentivos adecuados y los recursos suficientes, respectivamente, para hacer esto posible.
Uno de los riesgos más importantes que enfrentan los países de la región cada vez que resulta imprescindible llevar a cabo un programa de ajuste fiscal para que las finanzas públicas retomen el sendero de la sostenibilidad, es la elevada propensión que tienen los gobiernos de hacer recaer el ajuste en el recorte de los gastos de inversión en infraestructura física.
Los gobiernos, en la mayoría de los casos, entienden que esta es la forma políticamente menos costosa de ejecutar el ajuste fiscal, al percibir que recortes en el gasto corriente o aumentos generalizados de impuestos acarrean mayores protestas sociales y, en consecuencia, elevados costos políticos.
La República Dominicana no es la excepción a esta práctica. Cuando analizamos el comportamiento de la participación del gasto corriente y el gasto de capital en el total de gasto público presupuestado durante el período 2005-2015, se observa que mientras en el 2007 el gasto de capital presupuestado representó el 26.7% del gasto total del Gobierno, en el 2015 apenas representará el 14.9%. En otras palabras, de cada 100 pesos que el Gobierno dominicano gastará en el 2015, 85 los destinará a gasto corriente.
República Dominicana, durante muchos años, aparecía colocada dentro de las primeras cinco posiciones de la región en el ranking de la participación del gasto de capital en el gasto total del gobierno. A partir del 2013, sin embargo, el gasto de capital del gobierno ha evidenciado una baja sensible, cayendo a 20.8%, debido fundamentalmente a la urgente necesidad que tuvo el Gobierno de reducir el déficit fiscal con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En el 2014 se proyecta que caerá a 18.0%, presupuestándose para el 2015 una caída adicional a 14.9%. Hemos ido descendiendo en el ranking latinoamericano, colocándonos ahora dentro de los seis países con menores niveles de inversión pública de la región.
La realidad es que el ajuste fiscal del 2013 consistió en la combinación de una fuerte contracción del gasto de capital y una reforma tributaria que, en la práctica, resultó ser bastante moderada si se tiene en cuenta que la presión tributaria, neta del aumento de las recaudaciones generadas por la renegociación con Barrick-Gold, apenas aumentó en 0.25% del PIB en el 2013.
La única posibilidad que tenemos para ir recuperando los niveles de inversión pública hasta llevarlos del nivel de 14.9% en el 2015 al promedio de 25% del período 2005-2012, sería a través de la combinación de una reforma tributaria más efectiva en términos de generación de impuestos adicionales que la ejecutada a partir del 2013 y una racionalización del gasto corriente del Gobierno que tenga como objetivo eliminar gastos improductivos y liberar de esa manera recursos para ser canalizados a inversión en infraestructura física.
La Estrategia Nacional de Desarrollo, sin embargo, no deja dudas sobre el hecho de que los mayores niveles de recaudación tributaria serían la fuente fundamental para apuntalar la inversión en infraestructura física.
Deben realizarse las reformas tributarias y recortes de gastos corrientes que sean necesarios para llevar de nuevo el nivel de inversión pública en infraestructura física a 4% del PIB, ligeramente inferior al promedio de 4.24% que se registró durante el período 2005-2014. El nivel de 2.61% del PIB que ha sido presupuestado para el año 2015 es claramente insuficiente, reflejando por un lado la insuficiencia de recaudación tributaria y la necesidad de esfuerzos adicionales que permitan contener el crecimiento sin cesar de la participación del gasto corriente en el gasto total.
Simultáneamente con este esfuerzo, el Gobierno, en el marco del Pacto Fiscal que ha quedado pendiente, debe acordar con el sector privado la conformación de Alianzas Público Privadas (APP) que abran el camino a inversiones importantes en infraestructura física. Estas APP, sin embargo, deben ser acordadas de manera transparente y eficientes, a fin de que no deriven en costos fiscales sombras que terminarían afectando las finanzas públicas de manera más negativa que como hubiese sucedido si la inversión hubiese sido realizada en su totalidad por el sector público. l
