El gobierno dominicano asumió el principio de la gratuidad de los servicios de salud cuando decidió eliminar las contribuciones de los usuarios a los hospitales públicos. La historia la conocemos y sabemos que la “cuota de recuperación” surgió por la insuficiencia de fondos para atender la demanda. La decisión del presidente Danilo Medina fue muy aplaudida. Nosotros advertíamos que sin una respuesta compensatoria podría tener implicaciones.

Los costos de la salud en todos los países constituyen un peso enorme para las administraciones. Es una responsabilidad que los Estados no pueden eludir. La cuestión está en cómo organizar el sistema para que el servicio no colapse. En República Dominicana la salud es un derecho garantizado por la Constitución (artículo 61).

China Popular, que con su revolución socialista preconizó el acceso universal a la salud, propicia reformas progresivas para acercarla a la población. Los gastos han aumentado, tanto, que en 2003 apenas el 17 por ciento de los costos fueron financiados con cargo al presupuesto estatal y los ciudadanos han tenido que enfrentar las alzas.  Según el ministerio de Salud, para 2005 “los costos de los servicios de salud se habían convertido en la tercera partida más importante de gastos familiares, después de la comida y la educación”.

Cuba, el otro país con economía planificada de origen socialista, tiene un sistema público universal de salud, a un alto costo para el Estado. Pero busca “formas de captación de recursos monetarios externos a través de exportaciones de medicamentos, asistencia médica a extranjeros, asistencia técnica al exterior, cursos de formación y especialización y desarrollo de proyectos”, para atenuar los costos.

Aún en países tan ricos como Estados Unidos y Canadá, el sostenimiento de los servicios es imposible sin obligación ciudadana.
República Dominicana sustenta frágilmente sus servicios de salud con varios sistemas. Copago de trabajadores y empresarios, subsidios a través de las aseguradoras públicas y la red pública abierta, para nacionales y extranjeros.

El sistema está condenado a colapsar si no establece un régimen de contribución en la red pública abierta. Quien paga un móvil o una botella de alcohol, puede pagar un mínimo en un hospital eficiente.
Hay que restablecer la cuota. l

El presidente Danilo Medina está centrado en alcanzar mayores niveles de equidad social, y cuando el Ministerio de Salud Pública anuncia el fin de la “cuota de recuperación” en los hospitales está dando un paso en la dirección deseada.

No hay que decir que quienes más acuden a los hospitales son quienes no tienen posibilidades de ir a un centro privado, y la mayoría de esas personas sólo lo hacen cuando efectivamente están en apuros. Lamentablemente, el gobierno no invierte en salud preventiva, que es la única manera de disminuir los costos cada vez más altos de los servicios.

El ministro de Salud, convencido  de que las “cuotas de recuperación” representaban un ingreso para los hospitales públicos, siempre carenciados, ha dicho que les transferirá RD$600 millones para compensar esa pérdida.

Imaginamos que se puede correr el riesgo de que al aumentar los ingresos a hospitales sin eficientes mecanismos de control, los costos se pueden disparar.

El ministro de Salud sabe que el Estado tiene el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que es usuario de la plataforma del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), que administra la base de datos de hogares pobres y el padrón de hogares elegibles para recibir los beneficios de los programas sociales y los subsidios públicos.

Senasa tiene una calificación probada en la prestación de servicios a los pobres, con más de 2 millones y medio de afiliados subsidiados. Los costos que generan caen en Senasa a través de la red pública y las clínicas privadas, con un régimen estricto de seguridad y efectividad.

Si eso funciona, y es el seguro del Estado, ¿por qué tiene Salud Pública que entregar ese dinero directamente a los hospitales? ¿No debería hacerlo a través de Senasa?

Con esos RD$600 millones, más los RD$500 millones anunciados por el presidente Medina el 27 de febrero para la creación del Fondo para Enfermedades de Alto Costo o catastróficas, se estaría cerrando la brecha que tanto aleja a los pobres de los servicios más esenciales de salud. También se apuntalaría la política de equidad social por la que abogamos.