El establecimiento de un sistema de contribución a las arcas de los senadores para realizar labor de asistencia social, asignado en proporción al número de habitantes de sus demarcaciones territoriales, ha sido cuestionado desde el principio. Con caradura, y con argumentos de todo género, esos representantes lo han mantenido hasta hoy.
En el proceso, han vencido denuncias y campañas contra un fondo poco ético, no sólo porque no concuerda con las funciones legislativas, sino porque se trata de dinero público a discreción de personas individuales. Quizás ayudarían a más personas si las acompañaran en sus esfuerzos colectivos para que el Poder Ejecutivo cumpla sus deberes en los pueblos y ciudades que los han elegido.
Con el desmonte inesperado y por propia iniciativa que hicieron los diputados de su barril, los senadores están en una situación incómoda, y por más cosas que digan para defender ese dinero que reciben graciosamente, no podrán sustraerse de la nueva realidad.
Y es que la decisión de los diputados obliga a los senadores a tomarse el asunto en serio. Mínimo, más que una negativa rotunda a dejar el “cofrecito”, lo menos que deben hacer es entrar en “reflexión profunda”.
Un punto de vista simple: si los diputados desistieron de esos cobros, ¿por qué no hacen lo mismo?, cuando siempre se ha asumido que la “cámara alta” suele jugar el papel dirigente del Congreso, por la calidad que se supone a sus miembros.
Al margen de todo eso, son perceptibles señales desde otros poderes, acordes con una sociedad cada vez más sensible al uso de los fondos públicos. Es una cuestión que recurrentemente está en el centro del debate nacional y quienes ostentan tan alto honor de representación no pueden ignorarlo.
¿Deben los senadores seguir marchando contra la corriente? El argumento en defensa del “cofrecito” es el supuesto buen uso, pero pocos le asignan valor a ese tipo de argumentación.
No hay que ser un genio para entender que esa cuenta hay que cerrarla. El sentido común lo recomienda. Es la oportunidad para cambiar. Persistir sería imprudente y ofensivo. A la postre podría tener graves consecuencias políticas.
