Legisladores oficialistas difieren sobre si la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el país, por supuestamente expulsar de manera irregular a ciudadanos extranjeros, es vinculante a la República Dominicana o no.
Sobre el particular, el senador peledeísta José Rafael Vargas sostuvo que la sentencia de CIDH no es vinculante, debido a que la Constitución establece que todos los convenios internacionales deben ser ratificados por el Congreso Nacional.
“En virtud de que el convenio firmado por el presidente Leonel Fernández (en el 1999) no ha sido ratificado por el Congreso de la República, esa sentencia no es vinculante a la República Dominicana, y por vía de consecuencia no hay obligación de cumplirla”, expuso el representante de Espaillat.
El congresista Vargas llamó al Gobierno a retirarse del CIDH y comenzar a exigir y ratificar su derecho de soberanía, aplicando su régimen migratorio.
Espera de fallo TC
En la misma tesitura opinó el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, quien explicó que está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de si es válida o nula la carta de aceptación de competencia de la CIDH sobre el país.
Recordó que el mismo fue sometido por su hermano Pelegrín Castillo y la comunicadora Consuelo Despradel, luego del entonces presidente Leonel Fernández enviar la carta de aceptación de competencia en el 1999 a ese organismo.
“Si el Tribunal Constitucional certifica que es nula porque no tuvo aprobación del Congreso Nacional, inmediatamente la República Dominicana saldría automáticamente de la competencia de CIDH, porque su Congreso Nacional no aprobó ese competencia”, puntualizó Castillo Semán.
Difiere
De su lado, el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, sostuvo que la sentencia sí es vinculante al país, sin embargo, consideró que la CIDH se extralimitó en sus funciones, ya que la nacionalidad y la migración no forman parte de los acuerdos internacionales.
El también jurista explicó que el artículo dos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos dice “que no se va ameritar una convención especial para ratificar o adherirse a la CIDH”.
“Por lo tanto, la República Dominicana es parte de la Corte Interamericana y no necesita una ratificación del Congreso Nacional, porque en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos contempla la CIDH, la corte no es una convención especial; la corte es parte de la Convención Interamericana”, manifestó.
En tal sentido, el legislador oficialista expresó no se es necesario que el Congreso Nacional ratifique la membresía de la República Dominicana ante la CIDH.
“Somos parte de la CIDH, y lo que estamos en desacuerdo es con la decisión de esa corte, pero no porque nos afecte las decisiones de la corte, si ciertamente lo que la corte decida tiene que ver con la República Dominicana, porque formamos parte de la misma”, subrayó al ser entrevistado por elCaribe.
Explicó que cuando el país aceptó la competencia de la Convención Interamericana en el 1978, incluía la corte y que la comunicación que envió Leonel Fernández a ese organismo fue para quedar adherido de manera formal.
Vicepresidenta
Mientras que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, sostuvo que el Gobierno rechazó tajantemente la sentencia de la CIHD.
“Nosotros, como Gobierno y como Estado, rechazamos tajantemente la sentencia de la CIDH. Como Estado y como país, a nosotros hay que respetarnos. Hay que respetar nuestra soberanía y nuestras instituciones. Pienso que con eso se hace un flaco servicio a la democracia”, añadió. Consideró que la condena es un atentado a la separación de poderes y a la soberanía que como Estado tiene la República Dominicana.
“De manera tal, que está muy bien por parte del Gobierno rechazar esa sentencia. De hecho, el pasado embajador ante la Organización de Estado Americanos (OEA) dio un pronunciamiento muy atinado, un poco molesto, como debemos estar todos. Así que, vamos a esperar, porque ahora el Presidente va a hablar del tema, y como ustedes comprenderán, el dos viene después del uno”, agregó.
Cedeño de Fernández habló ayer tras la firma de un acuerdo con la empresa Pala Pizza.
PRSC fija posición
En tanto que el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Batlle (Quique), dijo que la comunidad internacional ha sido “irresponsable e inconsecuente” con la República Dominicana frente al problema de la inmigración haitiana, al tiempo que llamó a los dominicanos a ponerse de pie y defender la soberanía nacional.
“Esa comunidad internacional ha atentado contra los dominicanos y pienso que el país tiene que ponerse de pie para defender su soberanía, porque si no lo hacemos en un tiempo no muy lejano vamos a perder la nación dominicana”, aseguró.
Dijo que no es casual la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenando al país por el problema migratorio, “y quiero decir que esa Corte no tiene ningún derecho a hacer lo que hizo con la República Dominicana, ni jurídicamente ni bajo ningún otro aspecto”.
Quique Antún planteó que se haga una convocatoria de unidad nacional, donde todos los dominicanos participen unidos en defensa del país.
El dirigente reformistas habló sobre el tema en el marco de un encuentro que sostuvo con la dirigencia de esa organización en la provincia de San Cristóbal, donde aseguró que “por el camino que vamos, a la República Dominicana le queda muy poco tiempo de soberanía, por lo que debemos revertir esa situación”.
Sobre la inmigración ilegal, dijo que los gobiernos dominicanos han tenido una excesiva flexibilidad en los últimos dieciocho años, “por lo que se hace necesario retomar la orientación para defender nuestra nación y poder cumplir con los deberes que tenemos como dominicanos”. “Quiero aclarar que los inmigrantes que tenemos en el país, no son solo haitianos, con quien la nación dominicana ha tenido una actitud generosa, sino con otras nacionalidades”, agregó.
El organismo condenó al país esta semana
Esta semana, la CIDH declaró culpable de supuestas violaciones de extranjeros y dominicanos de ascendencia haitiana que habrían sido deportados hacia Haití sin garantizar sus derecho. Aunque los casos que cita la CIDH ocurrieron entre los años 1999-2000, de supuestas violaciones de los derechos de ciudadanos haitianos y dominicanos, el tribunal regional, prácticamente pidió la anulación de la sentencia del TC y la ley de Naturalización.
CNDH apoya sentencia en contra del país
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) valora como justa y apegada a los derechos humanos la sentencia de la CIDH. Dicen lamentar que al fin le toque al pueblo dominicano pagar de su bolsillo por esta conducta irresponsable ya que la sentencia de la CIDH dicta también medidas económicas que tienen que ser respetadas por el Estado. “Como institución defensora y promotora de los derechos fundamentales del pueblo dominicano y de los seres humanos, hemos constantemente denunciado esta situación en todas las instancias nacionales e internacionales”, manifestó el CNDH en un documento enviado a los medios.
Finalmente, instaron a las autoridades a no escuchar las voces de presuntos “nacionalistas” que llaman a la salida del país de los que son universalmente reconocidos como los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
