Es sorprendente la reacción de algunos políticos que se supone representan al pueblo en el Congreso Nacional, ante una institución que trata de cumplir con su rol, como en el caso del Ministerio Público. Llama poderosamente la atención la nunca antes exhibida preocupación por las supuestas actividades políticas del Procurador General. Esto es así, pues el discurso de los nuevos “paladines de la institucionalidad” surge en momentos en que se dan a conocer los resultados de una importante investigación sobre lo que podría ser uno de los más graves casos de corrupción en la historia política de país.
Falsos profetas se desgarran la vestimenta cuando un funcionario que no es de carrera, como Francisco Domínguez Brito, realiza una reunión política privada, pero hacen silencio cómplice cuando fiscales o jueces, cediendo a presión política, archivan expedientes de casos de corrupción. Los grupos al servicio de la impunidad se activan cuando la justicia quiere actuar de manera independiente en la investigación y persecución de la corrupción. Lo peor que le puede pasar a este país es que se continúen violando las leyes sin que esto tenga consecuencia alguna. La transparencia y la rendición de cuentas deben estar acompañadas de castigos ejemplares contra los corruptos. Prevención y sanción deben ir de la mano en la lucha contra la corrupción.
Con sus amenazas al Procurador, estos sectores tienen el doble propósito de amedrentar a quienes desde el ministerio público están llevando a cabo con rigurosidad e independencia su trabajo; pero además, buscan confundir a la ciudadanía desviando la atención del tema principal, que es la acusación contra un senador que no ha podido explicar el crecimiento desorbitado de su patrimonio desde hace apenas una década. No conseguirán ni una cosa ni la otra, pues la Procuraduría ha dado muestra de que seguirá adelante hasta que la justicia conozca a fondo este caso. Por otro lado, la sociedad está cansada de archivos y de arreglos políticos y lo que quiere es que la Suprema Corte actué, pero que lo haga con autonomía e independencia.
La ciudadanía y sus organizaciones se deben movilizar en demanda de que los tribunales dominicanos conozcan en un juicio de fondo, la acusación presentada por el Procurador General de la República contra el senador Félix Bautista y seis personas más. Es necesario este apoyo público a Domínguez Brito, para evitar que los hilos del poder y del dinero, impidan una vez más la apertura a juicio de un caso recogido en un expediente bastante bien sustentado. Siga adelante Procurador, una parte importante del pueblo le apoya.
