Varios juristas se querellaron ayer en la Procuraduría General de la República contra el titular de esa institución, Francisco Domínguez Brito, y 32 fiscales por alegadamente estar realizando actividades proselitistas en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión de Juristas por el Rescate de la Institucionalidad en el Ministerio Público alega que Domínguez Brito y “sus colaboradores más cercanos” han violado varios artículos de la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Función Pública y el Código Penal Dominicano al realizar actividades proselitistas estando en cargos públicos.
La querella fue depositada por los doctores Ramón Pina Acevedo, Carlos Balcácer, Pedro Duarte Canaán, Félix Damián Olivares y Marino Elsevys, entre otros, en la secretaría de la Procuraduría y contiene en anexos, fotos del Procurador participando en actividades políticas, ejercicio iniciado hace cinco meses, según los juristas.
“Emplazamos nuevamente a Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito a que formalice su renuncia como Procurador General de la República, en el entendido de que ese cargo es incompatible con las actividades político-partidarias que él viene realizando en todo el país desde hace cinco meses”, exhortaron los juristas previo a formalizar su querella.
Expresaron que Domínguez Brito “está retado a que le explique a la población por qué está violando la Constitución”.
Dijeron que con la acusación están realizando un ejercicio eminentemente civil con el cual buscan que el procurador formalice su renuncia “porque desde el momento en que él de manera deliberada como funcionario encargado de hacer cumplir la ley decidió realizar actividades que son incompatible con su cargo, es un renunciante de facto”.
Explicaron que esto representa un hecho insólito y recordaron que el régimen disciplinario que rige al Ministerio Público considera como “faltas extremas” toda conducta que contravenga el comportamiento ético, la probidad y el sobrio comportamiento que debe exhibir todo servidor público. Anunciaron que enviarán un documento al presidente Danilo Medina solicitando la destitución de Domínguez Brito, por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al igual la de sus colaboradores.
En el documento legal figuran como coquerellados Carlos Castillo Díaz, Jhon Henry Reynoso Ramírez, Pelagio Alcántara Sánchez, José del Carmen Sepúlveda, Marisol Altagracia Tobal y Milagros Ricardo, esta última directora del Departamento de Recursos Humanos de la Procuraduría General. También Arys Iván Suero, Hitler Sánchez Mateo, Ángela Frías Castillo, Máximo Suárez Frías, José Abud Soler, Francisco Rodríguez, José Alejandro Jáquez, Santos Beltré, Stalin Polanco, Ramón Vásquez, Erickson Bobadilla, Nicolás Fortunato, Gaddis Corporán, Keicy Torres, Caonabo Javier Reynoso, Rafael Gerónimo Coronado, Pedro Rosario Vásquez y Gedeón Platón Bautista, entre otros.
Dispuestos a testificar
Los abogados desvincularon su querella con las acusaciones que hace el senador de la provincia San Juan, Félix Bautista Rosario, de que la actuación del Procurador es una persecución política porque él se había negado apoyarlo en sus aspiraciones a la presidencia de la República. Sin embargo informaron que si son requeridos para testificar en el caso que se le sigue al legislador, lo van hacer.
“Nosotros no estamos por encima de ninguna ley. Si nos citan, comparecemos y comparecemos al terreno que nos emplacen y vamos a decir lo que tengamos que decir, pero no nos importa Félix Bautista, lo que nos importa es que el Ministerio Público no haga política con el despacho”, expresó Ramón Pina.
Contenido de las Leyes
Los querellantes explicaron que el artículo 172 de la Constitución de la República, en su párrafo II, dice que la función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista. Mientras que los artículos 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice en su numeral cinco que a cada miembro del Ministerio Público le está prohibido integrar asociaciones, fundaciones y entidades que generen conflictos de intereses o que tengan carácter político partidario. Asimismo, el artículo 92 de dicha Ley en el numeral cinco plantea que son faltas muy graves que dan a lugar a destitución, realizar actividades político partidarias o autorizar u ordenar la realización de tales actividades. El estatuto 821 de Organización Judicial plantea en su artículo 147 que se prohíbe a los jueces, representantes del Ministerio Público y funcionarios o empleados judiciales, servir intereses de partidos políticos, en el ejercicio de sus funciones o deberes fuera de este ejercicio.
Dicen que defienden a quien les venga en gana
La comisión de juristas manifestó que ejercen una función como representantes legales y que defienden a “quien les venga en gana”. Con esa aseveración, respondieron al pronunciamiento hecho por el procurador adjunto, Germán Miranda Villalona, director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, quien le restó calidad para pedir la renuncia del Procurador porque se han dedicado a defender a narcotraficantes.
“Nosotros no estamos del lado de violadores de la Constitución, somos abogados de quien nos venga en gana, defendemos culpables e inocentes y nadie nos lo prohíbe”, indicó Carlos Balcácer, quien agregó que eso es parte del ejercicio de sus funciones y que no solamente han defendido a narcotraficante sino que también lo han hecho en casos civiles.
