Casos de corrupción e institucionalidad

No creo que en el país haya una sola persona que se oponga a la lucha contra la corrupción o el delito. Tener una conducta intachable  será siempre motivo de orgullo. Este tema viene acompañando a los dominicanos desde el nacimiento de  sus…

No creo que en el país haya una sola persona que se oponga a la lucha contra la corrupción o el delito. Tener una conducta intachable  será siempre motivo de orgullo. Este tema viene acompañando a los dominicanos desde el nacimiento de  sus hijos hasta que se parte hacia el otro mundo. En el seno de nuestras familias uno de sus principales orgullos a exhibir es que “a mis setenta años de edad nunca he pisado la puerta de un cuartel de la Policía”, simbolizando que por su nivel de honradez nunca ha estado preso. En los últimos tiempos la persecución del delito y sobre todo de los actos de corrupción en el Estado ha trascendido al sentimiento colectivo. Las mismas encuestas han revelado que este tema, inducido o no, gana espacio público, casi convirtiéndolo en un sentimiento nacional. Y eso no está malo. Lo preocupante es que ese sentimiento pueda ser utilizado como palanca o punto de partida para sacar beneficios políticos o venganzas generadas por intereses. El posible avance de las entidades encargadas de perseguir este flagelo, puede ser dañado cuando en procura de “hacer daño por retorcimiento político”,  se vulnere la institucionalidad, pues al parecer se “están seleccionando con pinzas” los casos a atacar. Las mayores denuncias vienen de los litorales del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, acusado reiteradamente de cometer actos de corrupción durante su gestión. Esto a pesar de que la Cámara de Cuentas, tras realizar sus experticias, ha informado que “sobre los estados de ejecución presupuestaria presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales los ingresos recibidos y desembolsados realizados de conformidad con las normas de contabilidad aplicables al Sector Público”. Incluso el Cuarto Juzgado de la Instrucción cerró el expediente en su contra el pasado 26 de agosto. Por el curso que ha tomado la cosa, algunos sectores perciben que se ha pasado de un proceso persecutor del delito a una trama política con posibles implicaciones, para dañar a personas de las que Díaz Rúa forma parte de su entorno. Esta presunción, de ser cierta, le hace más daño que bien al supuesto interés de las autoridades en perseguir los actos indebidos dentro de la administración pública. La lucha contra la corrupción siempre tendrá la simpatía popular, pero usarla para beneficios políticos o para dañar a terceros no es buena idea. l

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