Mientras que el Tribunal Constitucional (TC) se apresta a emitir su fallo con el que supuestamente declaró la inconstitucionalidad de la membresía de República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), bajo los alegatos de que su aprobación no fue sometida a la consideración del Congreso Nacional, el ministro de Relaciones Exteriores dijo ayer que las actuaciones del órgano internacional evidencian que están prejuiciada contra la República Dominicana.
Los jueces Lino Vásquez y Víctor Joaquín Castellanos informaron en Santiago que, en los próximos días, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra del instrumento de aceptación de la República Dominicana a la adhesión de la Corte Interamericana.
Dicho recurso fue depositado por un grupo de abogados y ciudadanos que demandaron en declaratoria de inconstitucionalidad la referida comunicación del expresidente Leonel Fernández con la cual el país se adhirió a la CIDH. Dicho recurso quedó pendiente de fallo por la Suprema Corte de Justicia.
Lino Vásquez, segundo sustituto del presidente del TC, y Víctor Joaquín Castellanos, miembro, pidieron esperar la decisión emanada de esa alta corte, pero no quiso decir cuál había sido la decisión.
Vásquez recordó que, como jueces, hablan por sentencia, por lo que no pueden adelantar ningún pronunciamiento sobre la decisión, la cual según se supo, declara inconstitucional la adhesión del país al organismo apéndice de la OEA.
Canciller dice fallo es inaceptable
El canciller Andrés Navarro calificó de indignante e inaceptable, los términos utilizados por la CIDH contra el país y dijo que el Gobierno respetará los fallos del Tribunal Constitucional en materia migratoria.
“Son inaceptables los términos y las insinuaciones, cuando se aborda la Ley 169-14” expresó el funcionario quien dijo que se ha pretendido echar por el suelo todo el esfuerzo del Gobierno dominicano para resolver un problema que tiene décadas y que no se había enfrentado con la decisión y responsabilidad asumida por el presidente Danilo Medina.
Para el Canciller, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, han llegado muy lejos al ordenar cambios en la Constitución dominicana, cuya modificación del año 2010 fue el fruto del consenso de los dominicanos.
Navarro afirmó que el Gobierno no puede violentar el ordenamiento jurídico del país, “no vamos a enfrentar al Tribunal Constitucional, porque sería cuestionar lo que nos hemos dado como nación”.
Garantizó que los fallos de esos organismos van a ser respetados por el Gobierno, sobre la base de nuestro Estado de Derecho.
El Canciller reclamó un mayor compromiso de la clase política frente a un problema de interés nacional y agregó que en la actual coyuntura el momento debe ser de unidad nacional para evitar que se aproveche la debilidad para seguir promoviendo una campaña injusta contra el país.
Al ser entrevisto por los periodistas Napoleón de la Cruz, Miguel Ángel Núñez y Guillermo Tejeda, en el programa Resumen Matinal, que se transmite por Telefuturo, Canal 23, Navarro también cuestionó lo que califica como “doble moral” que asumen en foros internacionales quienes quieren que el país cargue con todo el peso del problema haitiano.
Señaló que quienes en esos escenarios le reclaman al país, son los mismos que en la práctica no hacen nada para motorizar la inversión hacia Haití, como una forma de que su gente pueda salir de la pobreza.
Navarro García reconoció que la Unión Europea es una de las pocas que pasan de las palabras a los hechos con proyectos específicos encaminados a mejorar la situación de los haitianos.
Citó los proyectos para construir hospitales en la zona fronteriza.
Asimismo, informó sobre el fortalecimiento institucional de la Cancillería para dejar de ser un ente que sólo reaccione ante momentos difíciles y anunció la creación de un Departamento de Evaluación y Análisis Estratégico para que la diplomacia dominicana tenga respuestas oportunas y actualizadas del entorno internacional. El fallo de la CIDH se basó en supuestas deportaciones de haitianos indocumentados ocurridas entre los años 1999 y 2000.
El Congreso no aprobó la adhesión del país
La pasada semana, el abogado Juan Manuel Castillo Pantaleón explicó que la Constitución dominicana desde siempre ha establecido que el Congreso Nacional es el poder del Estado que ratifica los compromisos internacionales y que este organismo legislativo no ratificó dicho convenio que reconoce la jurisdicción de la CIDH.
“El expresidente Leonel Fernández colocó al país en una situación de espalda al marco constitucional bajo la jurisdicción y el Estado, la Cancillería dominicana ha accedido a sentarse en el banquillo de los acusados ante una jurisdicción que, de acuerdo al derecho interno, no ha sido reconocida su competencia”, expuso. En ese mismo sentido se ha expresado el diputado Vinicio Castillo Semán.
