La sociedad civil es la sociedad por oposición a la clase política. Se considera que sin una sociedad diferenciada de la sociedad política no puede haber genuina democracia y debemos saludar que los partidos hayan accedido tras mucha insistencia, a que representantes de la sociedad civil participen en el actual diálogo sobre la ley de partidos, la ley electoral y los perfiles de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Es un crédito específicamente para el expresidente Leonel Fernández. Sin forjarnos muchas ilusiones, pues conocemos ya a los políticos, vamos a ver en qué medida se tomarán en cuenta para los fines en cuestión, las propuestas, ideas y preocupaciones de la sociedad civil. 

La sociedad civil, la que genuinamente integran los grupos organizados independientes de los partidos políticos, está en el deber de asumir el control del debate de los grandes temas nacionales, para evitar su festinación y que el país acabe, como parece a punto de hacerlo, en las garras de ciertos clanes partidistas, más pendientes de sus propios asuntos que los de la República.

Sólo esa reorientación de la agenda nacional pondrá al país en la senda de una discusión amplia de sus problemas fundamentales, a fin de colocar en el orden correcto aquellos que han quedado rezagados en la arena movediza del partidismo político, de donde parece imposible extraer verdaderas y perdurables soluciones. El camino por el que nos han conducido termina en un desfiladero, repleto de atajos que no llevan a ninguna parte.

Como sector importante de la sociedad civil, el empresariado, por conducto de las organizaciones que lo representan, está llamado a jugar un papel de primer orden en ese esfuerzo y esa es una responsabilidad irrenunciable. Las diferencias que a veces reflejan una falsa o coyuntural separación de intereses en ese ámbito, que harían imposible todo acuerdo en la búsqueda de posiciones sobre una agenda-país, pueden ser muchas pero más deben ser los puntos en los que existen coincidencias. Es sobre esa base y no otra, desde donde debe partir el necesario concierto de voluntades que tanta falta nos hace como nación, para salir del estancamiento y superar los lastres morales que el populismo y la apetencia de poder, fama y riqueza de los clanes políticos dominantes han cernido sobre el futuro nacional.

Un primer y obligado paso tiene que ser una descripción de objetivos básicos, que comprometa a todo el sector y conduzca a una clara definición de roles que asigne al Estado sus deberes como regulador y saque sus manos del ámbito de la actividad privada.