La hipoglicemia que padece Heidi López la ha llevado a ser muy exigente en la revisión de la literatura de los alimentos que ahora compra. Sin embargo, en muchas ocasiones, desconfía de la información presentada en los productos que circulan en el mercado nacional. Su maestría en procesamiento de alimentos en la Universidad de Salamanca, España, cultivó aún más sus hábitos alimenticios.
Además, posee vastos conocimientos sobre sus derechos como consumidora. “Desde que conozco mi condición de salud analizo los productos que voy a ingerir”, manifestó.
La Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor, establece en su artículo 84 que todo proveedor de bienes o servicios está obligado a proporcionar al consumidor o usuario, en la etiqueta o soporte similar, una información en idioma español, clara, veraz y suficiente sobre los productos que comercializa.
En el país también existe el reglamento RTD 53, que explica las normas de presentación de un etiquetado que garantice la calidad del producto previamente envasado. A pesar de ello, en el mercado abundan productos que no cumplen las normas establecidas.
Mientras, por otro lado, la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche) reclama insistentemente la correcta aplicación del etiquetado en los productos lácteos.
Para Altagracia Paulino, directora de Pro Consumidor, el etiquetado se enmarca dentro del derecho a saber. “Tenemos derechos a identificar el contenido de lo que utilizamos. Sobre todo si nos referimos a productos comestibles y medicamentos”, afirmó.
Culpa gestión de Salud Pública
Durante una entrevista concedida a elCaribe, Paulino dijo que Salud Pública estuvo rezagada con la emisión de los registros sanitarios, situación que empeora la debida aplicación del etiquetado. Entiende que la entidad que dirige no puede hacer mucho en ese aspecto. “Si salimos a sacar del mercado la cantidad de productos que circulan aquí que no tienen registros sanitarios, vamos a desabastecer el mercado”.
La funcionaria considera que en la República Dominicana “hemos vivido en la cultura del engaño”. Calificó como un fraude la reetiquetación, ya que a su juicio, lo más probable es que el producto haya caducado y, para no perder, le colocan una nueva etiqueta con una fecha de vencimiento falsa.
No tardó en criticar la acción de algunos distribuidores dados a comercializar mercancías importadas con la información referente al producto en un idioma que no es el español. “No somos un mercado pequeño, somos muchos hispanoparlantes. Y como bloque con el comercio con Estados Unidos tenemos que exigirles que la información venga en nuestro idioma”. Dijo que en los tratados de libre comercio esto debe ser innegociable.
Trabajarán para resolver el problema
Asimismo, manifestó que es una tarea del actual Ministerio de Salud Pública, junto a Pro consumidor, dar cumplimiento al etiquetado, y las de los proveedores será dar la información veraz , por lo que garantizó que a principios de año habrá una solución definitiva sobre el tema del etiquetado.
Indicó que la nueva ministra de salud, Altagracia Guzmán, creó una dirección especial para tratar asuntos del etiquetado y registros sanitarios, pero precisó que dicha entidad aún está en curso. Refirió que la misma se encargará de que no haya en el mercado productos que digan:“registros sanitarios en proceso”.
Ley 166-12 es pesada para el país
Quien también auguró un futuro promisorio a la solución de la falta de regulación en materia de garantía de calidad, fue el director del Instituto Dominicano para la Calidad,(Indocal), Manuel Guerrero. Aunque Guerrero concibe a la Ley 166-12, que crea el Sistema Dominicano de Calidad (Sindocal), como muy ambiciosa y acorde con lo que debe ser la calidad en toda su estructura, admite que para aquella época la misma era muy avanzada para entrar a un país que no estaba en esos niveles. “Hay que acompañar al sector productivo, porque le hemos puesto un marco jurídico que, en gran parte, el país no tiene las condiciones para cumplirlo al día de hoy”, enfatizó.
De su lado, la directora de Pro Consumidor indicó que la autorregulación de las empresas debe comenzar con el cumplimiento de la ley. Manifestó que las empresas deben explicar ante Pro Consumidor y el Indocal, como entidades del Sistema Dominicano de la Calidad, cuáles son los componentes de sus productos que, además, deberán estar permitidos por la FDA y detallar sus proporciones.
En tanto, Guerrero explicó que la cuarta revisión del reglamento RTD- 53 ya está lista. Dijo que sólo se está a la espera de la reunión técnica de expertos del Consejo Dominicano para la Calidad (Codoca). Agregó que en esta revisión se incorporan algunos detalles sobre los alérgenos y otras especificaciones. Adelantó que se trabaja en un reglamento para tratar el contenido neto de los productos, y donde un experto metrólogo identificará el peso real del mismo.
LOS EXPERTOS
Altagracia Paulino
Directora de Pro Consumidor
“El consumidor es el ciudadano en su relación con el mercado. En la medida en que el consumidor demande, las empresas se van a autorregular mejor. Aquí nos venden fórmula como leche, y eso no puede continuar así”.
Manuel Guerrero
Director de Indocal
“Nosotros, como Indocal, creamos el reglamento, pero corresponde a otras instancias darle seguimiento a su cumplimiento.Pero cuando hay ausencia de regulación, viene el incumplimiento de lo establecido”.
