La decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de establecer 60 años de cúmulo de penas en el Código Penal, en algunos casos, encontró ayer opiniones a favor y en contra de parte de juristas consultados al respecto.
La pasada semana, dicha comisión culminó el estudio del proyecto del Código Penal, el cual, entre otras cosas, instaura el cúmulo de pena; eleva de 30 a 40 años la pena máxima e incorpora entre los hechos punibles el feminicidio, el uso de “ácido del diablo”, el sicariato y el delito de alta tecnología. El proyecto podría agendarse para la sesión de hoy.
Sobre el particular, el jurisconsulto Cándido Simón dijo que está en desacuerdo con el anteproyecto, ya que supuestamente entra en contradicción con la Constitución, por lo que consideró que debería ser retirado del Congreso Nacional.
“Cuando se establecen penas excesivamente largas, evidentemente que eso evita la reinserción de las personas condenadas. Si usted condena una persona de 40 años a 60 años de cárcel, cuando regrese, la sociedad que dejó, ya no existe”, expuso el conocedor del derecho.
Simón señaló que ese código tiene algunos componentes absurdos relativos a la mala práctica médica, ya que por una parte sanciona el aborto y por otra castiga al médico que no haga lo que deba hacer clínicamente para salvar a la madre.
“Ese código entra en contradicción de orden constitucional cuando establece el sistema de reincidencia en que se puede incrementar la pena por hechos cometidos anteriormente del que ya se ha cumplido. Usted no puede juzgar otra vez a un ciudadano por un hecho del que ya cumplió”, agregó.
De su lado, el abogado penalista Carlos Balcácer sostuvo que el proyecto estudiado por los diputados demuestra una vez más que el litoral legislativo incurrió en una “espantosa ignorancia”, por entender que el aumento de la reclusión no resuelve problema del aumento de las acciones delictivas.
Sugirió a los congresistas a que antes de aprobar ese Código Penal, den una “hojeada” a los textos de criminología y de sociología criminal, para que vean que los delincuentes no “tocan” las tarifas de la sanción antes de cometer el hecho.
Para Balcácer, el aumento de la pena de reclusión va en contra de la política terapéutica penitenciaria de resocialización, tras calificar de “politiquera” la decisión de establecer 60 años de cúmulo.
“Si los congresistas creen en la reinserción, en la readaptación y en el tratamiento penitenciario, ellos son los primeros que tienen que entender que con las penas privativas de libertad larga, la terapia carcelaria no va para ninguna parte. Yo lo que entiendo es que se debe ir al foco que crea la delincuencia para tratar de controlarla”, manifestó.
En tal sentido, instó a las autoridades a crear programas sociales, educativos y de trabajo en las cárceles, que les permitan a los presos ser útil a la sociedad dominicana y a sus familiares desde los centros correccionales donde cumplen sus condenas.
A favor del proyecto
De su lado, el abogado Manuel Ulises Bonnelly expresó que la mayoría de los códigos latinoamericanos y del mundo tienen penas que guardan similitud en el parámetro escogido por los legisladores dominicanos en su informe.
Entiende que las penas carcelarias deberían ir de la mano de eficientes programas carcelarios, que permitan a los internos obtener programas específicos para una buena reinserción social.
Bonnelly explicó, además, que el cúmulo de penas podría llegar hasta 60 años en casos específicos y limitados y que en ninguna circunstancia la condena podría superar esa cifra.
“Y esto es cuando usted encuentra infracciones que sumadas superarían los 60 años, por ejemplo: si usted tiene dos infracciones que de manera separada se sancionan con 40 años cada una, en esa hipótesis en Código Penal no podrá imponer más de 60 años”, manifestó.
Mientras que el jurista Carlos Olivares también se mostró a favor de las propuestas para modificar el Código Penal, porque el mismo debe ir avanzando al ritmo que camina la criminalidad.
“Por lo tanto, el hecho de incrementar a 40 años la pena máxima de algunos tipos penales, estoy totalmente de acuerdo, al igual que con relación al cúmulo de las penas, ya que eso no existía en nuestro país y al día de hoy nos estamos poniendo al día con relación a otras legislaciones”, subrayó. Olivares añadió que la criminalidad avanza de manera significativa, por lo que el país debe estar acorde con “los nuevos tiempos” para enfrentarla. Todos estos juristas fueron entrevistados por elCaribe vía telefónica.
Andrés Fortunano dice las altas pena no ayudan
Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril del 1965, manifestó que antes de aumentar las penas, se necesita que se haga primero un esfuerzo para que la gente pueda conocer la Constitución y las leyes, para que en esa misma medida, se vaya entendiendo y mejorando la condición que se está dando de criminalidad y delincuencia en el país. “Una vez hecho esto, se debe estudiar la posibilidad de aumentar las penas, porque no es el aumento de las penas lo que llevará a que el ciudadano se comporte mejor, es la elevación de sus niveles de conciencia. En un país donde la gente no conozca la Constitución de la República y ni las leyes fundamentales de una convivencia pacífica y armónica, aumentar las penas es perder el tiempo”, expuso Fortunato
