De un estimado de 110 funcionarios de reciente designación que deben presentar su declaración jurada de bienes a la Cámara de Cuentas, en cumplimiento a la Ley 311-14, sólo tres han cumplido con esta disposición, cuyo plazo vence el 24 de noviembre.Los que hasta la fecha han cumplido con la ley que crea el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, son el embajador designado en Guatemala, Elic Fernández, el director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y el director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Pascal Rodríguez Santos. Está en proceso, la defensora del Pueblo, Zoila Medina de Martínez.
De igual modo, presentaron sus declaraciones juradas tras cesar de sus funciones, el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo y el ex procurador de la Corte Matías Minaya Nolasco.
La información se dio a conocer tras la firma de un convenio entre el organismo auditor y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para poner en marcha un sistema automatizado en la declaración patrimonial y la creación de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos.
La iniciativa es apoyada por la Unión Europea con un monto de 360 mil euros.
La representante adjunta del PNUD, Luciana Mermet, expresó que con la implementación del nuevo sistema los ciudadanos tendrán a mano una herramienta para mirar de cerca cómo se usan los recursos públicos, lo que fortalecerá la transparencia y la fiscalización de las finanzas públicas.
En tanto, el embajador de la Unión Europea, Alberto Navarro, insistió en la necesidad de fiscalizar el Congreso para que los contribuyentes sepan qué se hace con sus impuestos, inquietud que le manifestó a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, y el contralor Simón Lizardo, la semana pasada.
Dice Cámara de Cuentas no trabaja en vano
Tras agradecer el apoyo de los organismos internacionales, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, respondió a las inquietudes de los periodistas en torno al destino de las auditorías con indicios de corrupción, que en un Estado con separación de funciones le corresponde al Ministerio Público darles curso.
