El tema más controversial y debatido del 2013 y de las últimas décadas ha sido el relativo a la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional, que surgió como respuesta a una acción de amparo sometida por Juliana Deguis.La afirmación se desprende del Informe denominado “Estado del arte de las migraciones que atañen a la República Dominicana 2013” publicado por el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica), de la autoría de Altair Rodríguez Grullón, quien resume las principales reacciones al fallo del alto tribunal y las medidas adoptadas por las autoridades en los últimos meses del 2013.
El estudio señala que a los dos meses siguientes al anuncio del fallo (entre el 25 de septiembre y el 25 de noviembre) una recopilación de informaciones sobre la sentencia levantó 421 publicaciones, 77 editoriales y 295 artículos de opinión en los principales medios nacionales impresos y algunos medios internacionales, como el New York Times, Washington Post, Le Monde y El País.
En los meses siguientes a la sentencia, distintos grupos y personalidades organizaron manifestaciones y concentraciones a favor y en contra del Tribunal Constitucional y a la sentencia 168-13.
En lo concerniente a la percepción de la ciudadanía sobre la referida sentencia, el 18 de noviembre el Barómetro de Las Américas publicó los resultados de una encuesta realizada con una muestra nacional de 1,512 dominicanos, a quienes se les preguntaba hasta qué punto estaban de acuerdo con que los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en el país sean ciudadanos dominicanos.
La autora también repasa las respuestas y reacciones que a nivel internacional generó la sentencia en varias agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
De igual modo, se analiza el accionar del Poder Ejecutivo tras la controversial sentencia, que dio como resultado el Plan de Regularización. La autora afirma que el tema sigue generando reacciones encontradas en la sociedad dominicana, incluyendo el propio Gobierno, los medios de comunicación y las iglesias.
