El Ministerio de Relaciones Exteriores se prepara para coordinar la formulación del Plan Nacional de Derechos Humanos, en el marco del relanzamiento de la Cancillería como ente facilitador de las políticas públicas relacionadas con el contexto internacional.
El canciller Andrés Navarro hizo el planteamiento en varios encuentros sostenidos por separado con algunos embajadores pertenecientes a la Unión Europea, además de los representantes de Canadá, Cuba, Corea, Japón, Taiwán y Haití, a quienes les explicó que el Gobierno del presidente Danilo Medina mantiene su postura de rechazo a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y se apresta a dar una respuesta de Estado al organismo.
“El Gobierno de Medina está comprometido con hacer respetar los derechos humanos, tal como ha quedado demostrado con el proceso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, sobre todo de los hijos de inmigrantes con estatus ilegal nacidos en el país, para lo cual invierte alrededor de 1,800 millones de pesos”, sostuvo.
Dijo que la administración de Medina no se ha negado a respetar los derechos humanos, sino que entiende que esa “inaceptable y prejuiciada” decisión de la CIDH pretende colocar al país ante la amenaza de una grave crisis de aspectos sociales y políticos, “al invitar al Gobierno a subvertir el orden constitucional y pisotear la autodeterminación y los principios soberanos de la nación a definir cómo se adquiere la nacionalidad dominicana”.
Navarro dijo a los diplomáticos extranjeros: “Como ustedes comprenderán, frente a esa situación el Gobierno no pudo hacer otra cosa que negarse a aceptar ese fallo, porque llama a la desobediencia a la Constitución, las leyes adjetivas y a la realización de cambios en la estructura jurídica que vulnerarían los principios soberanos consignados en la Convención de La Haya para el concierto de países incorporados en la Organización de las Naciones Unidas”.
El canciller decidió reunirse personalmente con los diplomáticos extranjeros para que reciban la versión oficial directa sobre la incómoda e indeseada situación, y así evitar que sea a través de terceras personas, “siempre con el debido respeto a cualquier decisión que adopten los gobiernos que cada uno de ustedes representan con respecto al tema”.
Los encuentros
La Cancillería concluyó esta semana una serie de consultas con reputados juristas y con otros sectores de la sociedad dominicana en la consecución de una respuesta acabada, apegada a los mandatos constitucionales y de respeto a la soberanía nacional frente a esta coyuntura en la que le ha colocado la CIDH.
El primer encuentro en la sede la Cancillería se produjo con los embajadores de la Unión Europea, encabezados por el jefe de esa legación diplomática, Alberto Navarro, además de Line Marie Bethe Leon-Pernet (Suiza), Victoria María Zimmermann Von Siefart (Alemania), Jaime Lacadena Higuera (España), Blandine Kreiss (Francia), Steven Fisher (Gran Bretaña), Marijke A. Van Drunen Littel (Países Bajos), y Olingo D’Agostino, encargado de Negocios de Italia.
Posteriormente hubo encuentros bilaterales con los embajadores Fritz Cineas (Haití), George Boissé (Canadá), Carlos Jesús de la Nuez López (Cuba), Ping Fi Hou (China-Taiwán), Oh Han-Gu (Corea) y Takashi Fuchigami (Japón).
Rechaza apatridia en República Dominicana
El ministro de Relaciones Exteriores, rechazó que en el país exista apatridia y que, por el contrario, existe una decidida voluntad del presidente Danilo Medina de respetar los derechos humanos apegado a la Constitución de la República.
Consideró que en el país no se puede hablar de erradicar la apatridia como han planteado algunas organizaciones, “porque esa situación no se da aquí, es decir, es inexistente, y sí se mantiene una inquebrantable voluntad de respeto a los derechos humanos”.
La pasada semana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció que presentará en diciembre un plan de acción para la próxima década con el que se propone reforzar el apoyo a 6.5 millones personas que viven en América Latina como refugiadas o en condiciones de estarlo y dijo que el caso más conflictivo en América Latina se presenta en República Dominicana, debido a un fallo dictado en 2013 por el Tribunal Constitucional de ese país según el cual los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en suelo dominicano no tienen derecho a la nacionalidad.
