Pareciera que la mayoría del Congreso Nacional es contraria al presidente de la República. El envío del Código Procesal Penal con modificaciones subrepticias, hoy casi olvidado y sin sanciones, que buscaba “blindar aún más” a nuestra moralmente empobrecida clase política, sería un ejemplo al respecto. Otro, más actual y tan elocuente como el anterior, sería la remisión de un Código Penal conservador, atrasado, negador de derechos y populista, que busca la enfermedad en las sábanas y que no contribuirá a resolver o combatir el nivel de criminalidad que vive el país.
El nuevo Código Penal, según los diputados, ayudará a disminuir la criminalidad que nos afecta y fortalecerá nuestro débil sistema de paz ciudadana. Al respecto, si bien es cierto que el Código Penal necesita cambios profundos, para adaptarlo a un presente cambiante, no es menos cierto que el sólo “endurecimiento” de las penas no es la panacea para los problemas y esto es, en esencia, lo que “venden” los legisladores.
El Estado dominicano, desde su fundación, tiene acumulada una enorme deuda histórica con el pueblo, con la gente. La cual se desborda con ímpetu a veces incontenible.
El crimen y su secuela de violencia no pueden combatirse con violencia estatal. Eso sería solo un parche mal puesto.
Propongo un ejercicio simple: imaginemos alguien que nació en un ambiente social hostil. Padres sin educación, sin trabajo estable y sin seguro médico; una casa sin luz ni agua potable; un sector sin calles asfaltadas ni esparcimiento deportivo, sin un sistema de transporte efectivo, con una música estridente las 24 horas y con la basura literalmente al pecho; un colegio público sin educación de calidad; y que además, los robos a ciudadanos y la venta de drogas se produzcan a la vista de todos, con una policía cómplice, una justicia en la cual no confía y un largo etcétera. Pregunto entonces: ¿Cambiaría todo esto con sólo modificar las leyes, endureciéndolas? ¿Se le deben pedir peras al olmo?
Se podrá penalizar todo e imponer la cadena perpetua o la pena de muerte hasta por la “cortada de ojo”, pero si no se ataca el problema en su base, con las armas de la educación y las oportunidades de crecimiento sano, sin complicidades ni privilegios y dentro de un clima de igualdad, nada cambiará.
El solo endurecer la ley es populismo penal. La clase dirigente sabe que “…después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”. El problema es de inversión en la gente, aunque suene hueca la palabra. No hay otra respuesta a la posible disolución nacional de manos del crimen, de la violencia y de la pobreza. Pero esa inversión es a largo plazo y nuestra clase política invierte “electoralmente”, lo cual es un error agazapado en nuestra historia republicana.
Sumado a esto debemos combatir, al unísono y para resguardar los mejores intereses de la República, el sistema clientelar y la corrupción administrativa que nos mantiene dando vueltas y vueltas como sociedad, hundiéndonos en el fango, buscando mordernos el rabo.
Este “gatopardismo” penal dejará todo como está y el país quedará -¿aun más?- como conservador, populista y negador de derechos.
Ojalá el Presidente “observe” (Constitución, artículo 102) el Código Penal y promueva ahondar en la discusión de la pieza, para beneficio de todos.
