La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió este miércoles al Poder Ejecutivo “la inmediata cancelación” de los funcionarios que se nieguen a hacer sus declaraciones juradas de bienes.
Trajano Potentini entiende que existe una apatía manifiesta y una falta de institucionalidad presente en el país con relación a los temas de fiscalización y transparencia en el manejo de la cosa pública.
Tecordó que la nueva ley sustituye “a la obsoleta y antigua disposición número 82-79 sobre declaración jurada de bienes, la cual carecía de un sistema de consecuencias, diferentes a la ley actual (311-14) que tiene garras y contempla la destitución de los funcionarios infractores y penas hasta de 10 años de reclusión, lo que sin dudas constituye un avance significativo en la lucha y prevención de la corrupción administrativa”.
Significó que la actual ley abarca en su radios de acción a un universo que sobrepasa los dos mil funcionarios públicos, esto sumado a las 39 cajas con más 8 mil declaraciones juradas entregadas recientemente por el Tesorero Nacional a la Cámara de Cuentas, documentos que en lo sucesivo también deberán ser actualizados e integrado al nuevo sistema de la ley 311-14.
Asimismo, Justicia y Transparencia exigió de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en la persona de su principal incumbente, Licelotte Marte de Barrios, publicar y tramitar sin dilación alguna por ante la Procuraduría General de la República, el listado con los nombres de los funcionarios infractores, quienes luego de haberse vencido el plazo no han cumplido con la ley, con el objeto de que sean procesados penalmente por la falta referida.
Potentini, quien además es representante del mecanismo de reportes independiente, responsable de evaluar los compromisos del Estado en materia de políticas de gobierno abierto, relativas a la transparencia y a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, destacó que el establecimiento de un sistema sobre declaración patrimonial de los funcionarios públicos, es uno de los requisitos básicos e indispensables para ingresar y permanecer en la alianza como nación abierta a la transparencia y a la gobernanza democrática, garantizando la participación de la sociedad civil en la gestión pública.
