El procurador general de la República se reunió ayer con el promotor de Justicia y el secretario del Estado Vaticano para dar seguimiento al proceso judicial contra el ex nuncio Josef Wesolowski, acusado de pederastia.Francisco Domínguez Brito junto a Jean Pierre Milano, promotor de justicia, y monseñor Angelo Beccius, del Secretariado de Estado, analizaron las legislaciones de ambos países para determinar las atribuciones jurídicas de las autoridades dominicanas y hasta dónde llega la competencia del Estado Vaticano.
Dijo confiar en que el caso creará un precedente justo, acorde a lo que espera toda la sociedad dominicana y, sobre todo, la comunidad internacional.
“En nuestro rol como Ministerio Público y en representación de toda la sociedad dominicana, manifestamos nuestro interés en la búsqueda de la verdad; es un caso muy grave, delicado, no sólo por el tipo penal sino también, debido a los actores envueltos, por lo que queremos y esperamos que todo el proceso se maneje en el marco del respeto, pero sobre todo en un marco en donde prevalezca la justicia”.
Domínguez Brito reiteró que la República Dominicana es signataria de la Convención de Viena que establece que todo personal diplomático que pudiera enfrentar algún proceso judicial, debe ser juzgado en el país que representa, por lo que la jurisdicción en este caso es competencia del Vaticano.
“Nosotros como autoridades dominicanas realizamos las investigaciones preliminares practicando interrogatorios y levantamiento de pruebas, en donde observamos hechos que revisten un carácter de ilicitud, y toda esta documentación fue enviada a las autoridades de Vaticano, sin embargo entendemos que es responsabilidad de los jueces, determinar el grado de culpabilidad o no, así como determinar si envía el caso a juicio de fondo”.
Reunión en Polonia por caso padre Alberto Gil
Ayer el procurador Domínguez Brito se reunió con su homólogo de Polonia, Andrzy Seremet para analizar el proceso penal que se le sigue al padre Wojciech Waldemar Gil conocido como el padre Alberto Gil, acusado de violación sexual a menores de edad en la comunidad Juancalito, Santiago, mientras estuvo ejerciendo su función sacerdotal en esa localidad.
