La DIDA debe ser dotada de capacidad resolutiva y sancionadora para que pueda asumir de forma efectiva la defensa de los afiliados a la seguridad social.Así lo reclamó ayer el “Foro Regional Latinoamericano sobre Protección Social: Seguridad Social y Defensoría Ciudadana”, celebrado en el hotel Sheraton de la capital, el cual también reclamó que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) tenga financiamiento directo de las contribuciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Dentro de las resoluciones concluyentes del foro, los delegados también propusieron la modificación de la Ley 87-01, sobre Seguridad Social, para adecuar los servicios a las necesidades de la población, ampliar su cobertura de manera vertical y horizontal para lograr una protección universal, y eliminar los aspectos de retrasos en la entrega de beneficios y las exclusiones en la cobertura.
Asimismo, señalaron que se observa una falta de voluntad política por parte de algunas instituciones del Estado para acogerse a la Ley 87-01 en lo referente al registro de sus miembros y el pago de la Seguridad Social.
Al respecto, el director ejecutivo del Consejo Dominicano de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, identificó a esas instituciones como la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, algunos ayuntamientos, así como grandes empresas del sector privado que perjudican a sus empleados mediante la elusión y la evasión.
La elusión consiste en que la empresa depositan a la Tesorería por debajo de lo que realmente deben pagar por sus empleados, mientras que la evasión consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos.
El foro también recomendó la implementación de la atención primaria en salud como lo dispone la Ley 87-01, y sugirió la ejecución efectiva de una política nacional de salud y seguridad en el trabajo y la creación de un plan estratégico de seguridad laboral.
