La Fuerza Nacional Progresista (FNP) expresó “en forma franca y responsable” sus
discrepancias con la observación que formuló el Poder Ejecutivo al Código Penal,
sobre fundamentos que consideramos erróneos y desafortunados.
“En función de la Agenda de Vida, Familia y Salud que hemos impulsado durante años en el debate público así como en el Congreso Nacional nos vemos precisados a consignar algunos reparos, precisiones y reflexiones”, explicó la FNP mediante una declaración pública.
A continuación la declaración pública íntegra en la que detalla sus discrepancias:
1. Los supuestos planteados en la comunicación de la observación presidencial para
sugerir la despenalización del aborto, fueron rechazados por amplia mayoría en la
reforma constitucional después de intensos debates. La vida es un derecho
fundamental absoluto, que debe protegerse desde la concepción hasta la muerte, y por
tanto, el legislador ordinario no puede establecer excepciones. Sólo es dable suprimir la
vida en los supuestos que configuren un Estado de Necesidad o un caso de Legítima
Defensa, esto es, cuando exista una justificación para preservar la vida propia o de
otros.
2. La figura del Estado de Necesidad consignada en el Código Penal es de carácter
general y aplica a múltiples casos y situaciones, y por tanto, no procede instituirla en el
caso específico del aborto si observan el Manual de Emergencias Obstétricas vigente,
es absolutamente falso que los médicos actuando en estos casos enfrenten el riesgo
de persecución penal:: están legalmente protegidos frente a cualquier acusación en
caso de que después de realizar las diligencias debidas, por interrupción del embarazo,
muriera la criatura.
3. Abrir en la legislación espacios para permitir la despenalización o legalización del
aborto solo servirá para estimular y proteger aún más la práctica del mismo, que
penosamente se desarrolla con carácter de comercio criminal altamente rentable e
impune. Más allá de los impedimentos constitucionales, la despenalización o
legalización sólo agravaría ese mal social, reforzando las perniciosas tendencias al
relativismo moral que campea en nuestra sociedad, y enviaría un mensaje desde los
poderes públicos de devaluación de la vida como bien natural y jurídico.
4. Lo correcto es que el Estado emprenda una política proactiva de protección de la
Vida, la Familia y la Salud, en especial de las mujeres, con un conjunto de acciones
que incluyan el establecimiento de casas de acogida, la educación sexual fundada en
valores, el estímulo a la adopción legal nacional e internacional, más difusión de
valores y menos de antivalores en la comunicación social, entre otras muchas
acciones. Aunque éste camino es difícil y exigente, resulta el único responsable y justo
para una sociedad que verdaderamente procure ser más humana e inclusiva. La peor
forma de exclusión, la más atroz y definitiva, es el aborto.
5. Para nadie es un secreto que la legalización del aborto -primero en forma parcial, en
función de los llamados “casos extremos”, luego en forma indiscriminada- forma parte
de la agresiva visión antivida que promueven poderes foráneos, con el fin de imponer
un control y reducción de la población del mundo, en especial en los países pobres o
vulnerables de la periferia. Es el método con el que procuran evitar o aplazar cambios
que superen los actuales patrones de consumo y producción caracterizados por la
inequidad y la irracionalidad. Por tanto, las cuestiones relativas a la Vida, la Familia y la
Salud, en especial de las mujeres, son de carácter estratégico para las naciones:
Interesan a su demografía, y por ende a su supervivencia. Las lecciones de la historia
abundan.
6. Finalmente, creemos que constituye una grave equivocación entender que la
resistencia a la supuesta “posiciones progresistas” en relación al aborto están
inspiradas sólo en consideraciones religiosas, católicas y evangélicas. Como lo
expresara el presidente Tabaré Vásquez, en su anterior mandato, desde una posición
humanista: Las sociedades no pueden permitir, desde los poderes públicos, el ataque a
la vida de las criaturas más débiles e indefensas, sin correr el riesgo de declinar por
una pendiente de deshumanización y violencia.
En la profundidad de este debate, vuelve a estar presente un tema crucial en la
República Dominicana: su capacidad de ejercer como Estado el derecho a la
autodeterminación nacional: ¿Son los poderes públicos nacionales, en función de una
identidad histórica y cultural asociada a los valores cristianos, los que fijarán en éstas
materias las políticas públicas; o en cambio, cederán estos a las imposiciones de
organismos internacionales y poderes foráneos, que en nombre de un secularismo mal
entendido, promueven una cultural global materialista, relativista, hedonista,
consumista?
