La crisis griega despierta las alertas del mundo sobre las consecuencias de la falta de transparencia económica. La transparencia también es crucial en planos íntimos.

Una obra que “analiza” la relación sentimental desde la ciencia económica, destaca que la transparencia previene rencillas y disgustos que erosionan la relación.

Si la pareja no comparte fluidamente la información sobre qué quiere un miembro del otro, no puede esperarse que la sepa, menos que actúe conforme se desea. Mas común entre las mujeres, es un error pretender que el bien amado “adivine” nuestra necesidad afectiva o material.

Como en la economía, si falta transparencia en la relación se corre el riesgo de que mínimos ocultamientos o distorsiones informativas generen tormentas severas.

La transparencia, que tanto se invoca y reclama desde diferentes instancias de la sociedad dominicana, casi siempre con suficiente pertinencia conceptual, pero a veces con enfoques un tanto selectivos, tiene que dejar de ser una palabra aislada y adquirir verdadera vigencia en la vida democrática.

Si nos guiamos de la Constitución y muchos de los postulados de las leyes adjetivas, así como por los pronunciamientos de la clase política y las esferas de poder, esa diafanidad en los procesos institucionales debería operar de forma fluida y sin cuestionamientos.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en la práctica casi siempre surgen dudas y temores, desde diferentes sectores, cuando se emprenden procedimientos que tocan aspectos cruciales de la estructura jurídico-institucional del país.

La preocupación expresada ayer por la Fundación Institucionalidad y Justicia con respecto al proceso que seguirá a partir de hoy el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la selección de los integrantes de las altas cortes, es una muestra de recelo, en este caso muy bien fundamentado, debido al permanente interés de Finjus de fortalecer la democracia y sus instituciones.

Coincidimos con el planteamiento de Finjus, de que uno de los retos fundamentales del CNM al ponderar a los diferentes candidatos es la creación de mecanismos operativos que faciliten el acceso de la población a las informaciones sobre dicho proceso.

Es motivo de inquietud el señalamiento de Finjus de que la adopción de dos reglamentos ha otorgado una alta discrecionalidad al CNM para tomar decisiones sin observar el principio de publicidad y deja sin regular aspectos esenciales contemplados en su Ley Orgánica y otras leyes directamente relacionadas con el derecho ciudadano a estar informado.

Es de esperar, pues, que estas inquietudes sean analizadas y que se actúe con total transparencia para promover desde ya la respetabilidad de los nuevos órganos creados por mandato constitucional.

La clase política nacional, que tanto recurre a exigencias de transparencia y a una fementida lucha contra la corrupción, cuando trata de descalificar a sus contrincantes con fines electorales, debería ser la primera en exhibir un recto manejo de todos sus asuntos, especialmente en materia financiera.

Al recibir fondos públicos a través de la Junta Central Electoral (JCE), los partidos están obligados, moral y legalmente, a una pormenorizada rendición de cuentas acerca de la forma en que gastan y administran esos recursos.

La fiscalización de los fondos que utilizan las organizaciones políticas tendrá un carácter más estricto cuando el país cuente con una Ley de Partidos que, mediante normativas institucionales, evitará distorsiones y anómalas desviaciones.

Pero mientras se espera la aprobación de esa legislación, la Junta ha recurrido a la actual Ley Electoral para advertir a los partidos que incurren en actos ilícitos e irregulares si aceptan aportes de grupos empresariales o instituciones extranjeras.

Con este planteamiento, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, asume una postura responsable y sienta un precedente, toda vez que por primera vez ese organismo se decide a intervenir, con las facultades que le otorga la ley, para obligar a la dirigencia política a actuar con la debida diafanidad.

La ley es clara al señalar que solo hay un tipo de financiamiento lícito, los recursos que aporta el Estado y las contribuciones de personas privadas, por lo que ningún partido puede alegar desconocimiento o recurrir a algún subterfugio para justificar un manejo indebido.

La fiscalización es un paso importante porque los electores y la población en general tendrán la oportunidad de conocer, con nombres y apellidos, quiénes facilitan dinero a los partidos políticos.

Tal y como ha señalado con mucha propiedad Rosario, no hay razón para que la medida cause provocación en las agrupaciones que actúan correctamente, porque de lo que se trata es de garantizar el cumplimiento de una normativa legal.

A la postre, los mayores beneficiarios de este proceso serán los propios partidos, pues la transparencia les dará mayor fortaleza y credibilidad.