República Dominicana despide el 2014 en medio de un ambiente de alta crispación, incomunicación e incomprensión entre sectores y personas, alrededor de graves temas sociales, económicos y políticos de alto impacto en el futuro. El país ha llegado a un histórico cruce de caminos, que exige definiciones y decisiones trascendentales.
Un rápido examen de las áreas más prioritarias revela que el punto común de todas esas decisiones involucra algún elemento ligado al plano institucional. Los problemas son diversos, desde la articulación de las políticas públicas para superar la pobreza hasta cómo incrementar la seguridad ciudadana, todos los renglones tienen un común denominador que es el déficit institucional que arrastramos por años. Por esto los grandes retos del país en 2015 están vinculados a esta esfera del Estado y la sociedad. Veamos algunos de ellos en detalle.
En mayo pasado, FINJUS entregó a la Suprema Corte de Justicia un documento destacando las luces y sombras de la aplicación de la Ley de Registro Inmobiliario y su Reglamento, que generó un debate sobre los retos que enfrenta la reforma de dicha jurisdicción.
La viabilidad del sistema de registro inmobiliario, las inversiones extranjeras y el desarrollo del turismo en nuestro país, son elementos que guardan estrecha relación. Nuestro desarrollo socio económico está cuestionado si las debilidades de esta jurisdicción, como son los casos del aumento desbordado de los expedientes, la dilación en los registros de títulos, las irregularidades registrales, la mora judicial, la falta de coordinación interinstitucional y la carencia de recursos, entre otras, no son resueltas en el corto y mediano plazo. La inversión, tanto interna como externa, está en entredicho si esta situación no es revertida mediante una reforma inmobiliaria, guiada por los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Otro de los grandes retos de la sociedad y el Estado dominicano está relacionado con la explotación racional y moderna de los recursos naturales. En ese sentido, las observaciones realizadas por el Presidente Medina a la Ley que declaró a Loma Miranda Parque Nacional se han constituido en una gran oportunidad para que el Poder Ejecutivo establezca un diálogo entre todos los sectores involucrados, para formular una política pública paradigmática, en la que se armonicen los mandatos constitucionales de protección del medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, como vías necesarias para el desarrollo económico y social.
Como es de todos conocidos, desde hace varios años, el país atraviesa por un proceso de reordenamiento institucional y redefinición normativa, cuyos propósitos implícitos son adecuar la economía y las instituciones nacionales a las exigencias de los procesos de globalización de la economía. En este tenor, ya empiezan a visualizarse los frutos de ese esfuerzo, principalmente en los últimos informes internacionales publicados sobre la materia. Entre ellos destaca el Doing Business 2015, donde se registra que el país pasó del lugar 117 al 84, de un total de 189 países evaluados. Sin embargo, cuando analizamos el Informe de Competitividad Global correspondiente al período 2014-2015, notamos que no se evidencian grandes avances en el índice de competitividad como país. Al conjugar ambos informes, podemos concluir que si bien hemos mejorado nuestro posicionamiento como destino de inversión, es un reto el mantener los índices de crecimiento y continuar impulsando las reformas necesarias para que estos sean continuos, acercándonos de ese modo a la meta de configurarnos como el principal destino de inversiones de la región.
2014 mostró claramente los graves problemas que se generan cuando ciertas áreas institucionales son dejadas de lado y se perpetúan las distorsiones que ellas han ocasionado históricamente. El mejor ejemplo de ello es la falta de una ley de partidos políticos. La sociedad dominicana se ha manifestado de diferentes maneras sobre la urgencia de que el Estado emprenda la reforma de la ley de partidos. No obstante, diferentes obstáculos han impedido que en el Congreso se alcance un acuerdo sobre el Proyecto de Ley, que debe ser presentado para su aprobación. La elaboración y aprobación de una Ley de Partidos adecuada, que permita fortalecer la transparencia y la democracia interna de dichas organizaciones, es clave para generar cambios que faciliten el control de la corrupción, la erradicación del clientelismo y el fortalecimiento de mecanismos de sanciones a quienes desnaturalizan el ejercicio de la política y el papel fundamental que juegan los partidos en la democracia.
En esta misma dirección, el Sistema de Justicia y la Seguridad Ciudadana son áreas donde se continúan concentrando grandes preocupaciones en la sociedad dominicana. Por ello, constituyen dos de los retos más agudos que debemos enfrentar. Para el sistema de justicia, el presente año cierra con una serie de desafíos pendientes que deben ser afrontados asertivamente en el 2015.
Temas como los traslados de jueces deben ser abordados por el Consejo del Poder Judicial como oportunidades para consolidar la independencia de dicho Poder. La tarea de alcanzar un presupuesto justo para todas las instituciones del sistema constituye una cuestión vital. En 2014 se ensayaron diferentes modalidades y expresiones de demandas para que fluyan más recursos a esos órganos, pero el reto es alcanzar un diálogo con el Poder Ejecutivo que revierta la tendencia de los últimos años.
En el marco judicial, el gran desafío del Estado es mostrar que en el país se puede enfrentar la corrupción, que es reconocida como la madre de todos nuestros problemas. En este sentido, el cumplimiento de la Ley No. 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio es urgente. En 2015, la capacidad del Estado dominicano de juzgar en forma transparente e imparcial los casos de corrupción pública volverá a estar bajo observación. La sociedad espera que los órganos del sistema de justicia, en especial las Altas Cortes, puedan superar las presiones políticas que se ejercen desde todos los ámbitos del poder y actuar en el marco del debido proceso, sin vacilaciones.
No podemos olvidar que la aprobación del proyecto de ley de la Policía Nacional y su posterior aplicación serán de los mayores desafíos en el nuevo año. Debemos ampliar los logros alcanzados en la materia, como la implementación del sistema 9-1-1, para que mejore la calidad de los órganos que intervienen en el sistema de la seguridad ciudadana, contribuyendo de esta forma a la convivencia pacífica y al clima de inversiones que requiere nuestro desarrollo.
