Los dominicanos percibimos a los transportistas, empresarios del movimiento de pasajeros y carga, como “los dueños del país”, activo sector, capaces de armonizar intereses, que mantienen secuestrada la sociedad toda, porque perjudican a unos, afectan a otros y maltratan a todos. Esta percepción colectiva, se justifica con sobrada razón, porque hacen y deshacen a favor de sus intereses de grupo, por encima del interés ciudadano, que con diversos métodos (con la violencia como factor común) alteran la vida de miles de personas procurando irritantes privilegios para beneficio de unos pocos. Inés Aizpun, aguda editorialista de Diario Libre, los define como: “sector político/económico al que ningún gobierno regula” y añadimos, “que no se atreve a tocar”. Accionar montado sobre una estructura mafiosa de poder violento, que se ha apropiado de las rutas, estableciendo en ellas un caos organizado, basado en la explotación del ciudadano común. El Día, señala que solamente el sector del transporte de pasajeros, maneja más de $28 mil millones al año!!! 12 instituciones oficiales, garantizan la ineficacia del “poder” del Estado para regularles, dando carácter oficial a la incapacidad para aplicar lo que en una ciudad cualquiera, del tamaño y características del Santo Domingo Metropolitano, es norma y regla obligatoria.
Suben el pasaje cuando los combustibles están al alza, aunque el precio del que utilizan se mantenga artificialmente bajo. Ahora rehúsan equilibrar lo que el ciudadano paga por el mal servicio y no existe poder del Estado que parezca poder obligarles. Los dueños de esos negocios, tan comerciales como cualquier otro sujeto a leyes y normas, han demostrado hasta lo absurdo, que realizan sus actividades por encima de la ley 241, anacrónico estamento jurídico aplicable a todos los conductores que no sean “choferes de carros públicos”. Soy testigo de cómo un “sindicalista” le ordena por teléfono a un oficial superior de la AMET, no molestar a un conductor de un minibús a quien requería sus documentos, sin lograrlo, tras un choque en la Máximo Gómez a esq. José Contreras. Es evidente que esta pseudo “autoridad” actúa subordinada al poder “choferil”. Los políticos creen utilizar al sector de transporte para sus intereses propios: la oposición para amenazar con caos e ingobernabilidad; desde el poder para tranquilizarles, otorgándole irritantes privilegios que salen del ciudadano, al que “ordeñan” recursos para beneficio de estos parásitos. A la larga son los que controlan el ritmo ciudadano y se dejan “utilizar” a conveniencia. Ahora con poder político, lo del combustible subsidiado es negocio redondo de competencia desleal; los préstamos oficiales no pagados, delinean un particular historial de pago que ha caído sobre las costillas ciudadanas.
