El Gobierno plasmó en uno de los objetivos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) una serie de acciones para proveer a la población más vulnerable de viviendas dignas en entornos saludables de cara al 2030.“Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora”, reza el objetivo 2.5.1 de la referida ley.
De dicho propósito se desprende la creación y desarrollo del marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios.
Otro de los puntos tiene que ver con elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura comunitaria en aquellos asentamientos susceptibles de mejoramiento.
Asimismo, contempla la reubicación de los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana, como en el caso de La Barquita.
De igual modo, propiciar la urbanización de terrenos estatales para el desarrollo de proyectos habitacionales, tanto en la zona rural como en la urbana, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y con participación de las PYMES del sector construcción.
Priorizar a madres solteras
La ley también ordena la adecuación del marco legal y procedimental para agilizar los procesos administrativos vinculados a la construcción de viviendas y al acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada.
Igualmente el Estado se comprometió a desarrollar acciones en favor de las mujeres y grupos vulnerables en condición de pobreza, como jefas de hogar, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, población discapacitada y adultos mayores, que faciliten su acceso a planes de viviendas dignas y de bajo costo.
Un punto que resalta la ley es la reforma de la legislación sobre el inquilinato, para fortalecer la seguridad jurídica de los derechos de inquilinos y propietarios e incentivar la inversión en viviendas para alquiler.
De igual modo, impulsar el desarrollo de mecanismos, consistentes con el marco regulador, que faciliten y promuevan el ahorro habitacional programado, así como el uso de los recursos de los fondos de pensiones, para fomentar programas habitacionales en beneficio de la población trabajadora cotizante a la Seguridad Social.
Pocos logros que exhibir
De acuerdo con el segundo informe anual de avance en la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (2030) y cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, hasta noviembre de 2013, para promover la adquisición de viviendas de bajo costo, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 153-13, el cual establece que los adquirientes de viviendas acreditadas como de bajo costo podrán solicitar al Ministerio de Hacienda un bono o subsidio directo equivalente al monto del ITBIS pagado en el proceso de construcción de la vivienda.
Mientras que el Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda (Inavi) centró sus esfuerzos en regularizar los títulos de propiedad de los adquirientes de viviendas construidas por la institución. Para ello, procedió a realizar un inventario para dotar de títulos a los adquirientes de antiguos proyectos de la institución y a la automatización de los títulos de propiedad existentes en la institución y pertenecientes a los diferentes proyectos construidos por el Inavi.
En un ámbito más amplio, se puso en ejecución, mediante coordinación de la Administración General de Bienes Nacionales y la Dirección General de Catastro Nacional, el Plan Nacional de Titulación, apoyado en el sistema de inventario de bienes muebles e inmuebles del Estado.
En seguimiento a la reubicación de los asentamientos en condiciones de riesgo el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 16-13, que declara como alta prioridad del Gobierno la readecuación de los asentamientos humanos en la barriada La Barquita, en los sectores de Sabana Perdida y Los Mina.
INVI se quedó corto en ejecución de obras
En adición a las medidas mencionadas, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) continuó sus programas de construcción y mejoramiento de viviendas. Sin embargo, aunque la institución se propuso construir 4,950 viviendas apenas edificó 1,160 para un 23.4% de ejecución.
De las 15 mil viviendas que el INVI había planificado mejorar y reconstruir, apenas pudo ejecutar 6,697 para un 44.6%.
Otro de los objetivos de la institución era cambiar 5 mil pisos de tierra por cemento, pero sólo ejecutó 205 para un 4.1%. El déficit habitacional en el país oscila entre las 900 mil a los dos millones de viviendas.
En orillas del Ozama hay déficit de 50 mil casas
Según la organización Ciudad Alternativa, en siete de los barrios que conforman la cuenca baja del río Ozama hace falta construir más de 22 mil viviendas nuevas y reparar más de 30 mil ya existentes. El nivel de carencias habitacionales en los sectores de Simón Bolívar, 24 de Abril, Gualey, Domingo Savio, Ensanche Ozama, Los Mina viejo y Los Tres Brazos hace que se acumule un déficit habitacional que sobrepasa las 50,000 viviendas.
