La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional marcó el rumbo de las relaciones diplomáticas entre Haití y República Dominicana en el 2014. Y es que no solo llevó a ambos países a retomar las reuniones bilaterales de alto nivel para amortiguar lo que, ante los ojos del mundo, fue aparentemente un acto discriminatorio, sino que también llevó al Estado dominicano a “pararse sobre dos patas” y defender lo que desde su punto de vista fue una acción totalmente soberana.
Además de blanco de críticas, este año, República Dominicana también se convirtió irónicamente en un destino atractivo. Fue así como el presidente Danilo Medina apretó las manos del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden; el secretario de la OEA, José Miguel Insulza; el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y Herman Van Rompuy, presidente del Consejo de la Unión Europea.
En la agenda de esos encuentros, Haití nunca quedó fuera.
Este año el país vio nacer el más ambicioso proyecto de legalización de los inmigrantes indocumentados y fue la sentencia 168-13 la que sentó las bases para ello.
El cambio de política migratoria abarcó la creación de la Ley 169/14 sobre Naturalización (mayo) y la implementación del Plan Nacional de Regularización (junio) que beneficiaría a más de 500 mil extranjeros que residen en el país en forma irregular, la mayoría de origen haitiano.
En el ámbito haitiano tampoco puede quedar fuera la alocución del presidente Medina en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Centroamericanos y Caribeños (CELAC) cuando respondió a las críticas que hizo el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, sobre la sentencia del Constitucional.
“No aceptamos que usted quiera imponerse a la soberanía de un Estado democrático que tiene instituciones que respetar… yo no creo que el señor Gonsalves haya hecho por Haití lo que ha hecho República Dominicana…”, dijo el presidente en la cumbre en enero. Estas palabras sirven como ejemplo a la posición que mantuvo el Poder Ejecutivo conforme al asunto haitiano en el 2014.
Por medios de informes y cartas se externaron los ataques hacia República Dominicana. Fue así como una comisión de Amnistía Internacional mantuvo con un discurso que “seguimos preocupados por el carácter arbitrario, discriminatorio y retroactivo de la sentencia”.
A esto se le suma el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual sostuvo que la sentencia del Tribunal Constitucional niega la nacionalidad a los hijos de indocumentados nacidos en el país. No se puede afirmar que la sentencia 168/13 haya traído grandes consecuencias, mayores que las tensiones. Desde el punto de vista económico, no hubo muchas variaciones en el intercambio comercial en la frontera dominico-haitiana.
Haití continuó siendo uno de los grandes aliados, cuando de exportar se trata, mientras que República Dominicana mantuvo su comportamiento de importante “remesero” para el vecino país.
Las reuniones bilaterales
Los encuentros bilaterales entre ambas naciones tuvieron como principal motivo bajar los caldeados ánimos y afianzar las relaciones a raíz de la sentencia 168-13.
El primer diálogo de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana se celebró el 7 de enero. Hubo otra reunión más en febrero y el tercer encuentro fue pospuesto en cinco ocasiones, para que finalmente el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el primer ministro haitiano de entonces, Laurent Lamothe se vieran las caras en junio. Además de los citados encuentros se celebró otros más a nivel empresarial y ministerial.
Presiones de la CIDH y ACNUR
Los últimos meses del 2014, las relaciones dominico-haitianas estuvieron marcadas por la presión que ejercieron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La crisis con el ACNUR comenzó a mediados de septiembre, cuando su representante Gonzalo Vargas Llosa desató una polémica al invitar a Juliana Deguis Pierre a un foro del organismo internacional sobre apátrida en La Haya, Holanda. Esto provocó un malestar social e incluso llevó a la Cámara de Diputados a aprobar una resolución en la que rechazaba la campaña internacional contra el Estado supuestamente impulsada por Vargas Llosa desde el ACNUR.
La CIDH, en octubre, prácticamente pidió la anulación de la sentencia del Constitucional y la ley 169-14 por considerar que el Estado incurrió en violaciones de los derechos de dominicanos de ascendencia haitiana. Una lluvia de críticas en torno a esta sentencia movió a la sociedad y llevó al canciller Andrés Navarro a concluir que la corte internacional estaba prejuiciada.
Posteriormente, el Constitucional emitió un fallo en el que declaró que la integración del país a la CIDH fue inconstitucional.
Conflicto político
Haití actualmente está inmerso en una crisis política que ya suscitó la renuncia de Lamothe, figura principal, en representación de Haití, durante las reuniones bilaterales. Las violentas manifestaciones contra el Gobierno exigen la dimisión de su presidente Michel Martelly.
El canciller dominicano ya expresó su preocupación ante la situación del vecino. Ahora las dudas repuntan a si habrá también consecuencias en la relación dominico-haitiana.
