Sin que nadie se lo preguntara, el director de Migración, primero, y el ministro de Interior y Policía, después, hicieron declaraciones concluyentes sobre la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros establecidos en el país ilegalmente. Obviamente, están enfocados en la considerable presencia de ciudadanos que ingresaron al territorio nacional a partir de 2011 y que tratan de ayudar a identificar y definirles un estatus.
Asumimos que la otra categoría de ciudadanos que caen dentro de la ley 169-14, mediante la cual se estableció un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos aquí hasta el 2007 y que no figuran inscritos en el Registro Civil contarán con las vías expeditas para normalizar su situación a través de esa ley.
Respecto al registro de los ciudadanos que entran al Plan de Regularización, las autoridades advierten que el plazo extendido desde el pasado 28 de octubre, cuando el Congreso Nacional convirtió en ley la iniciativa introducida por el Poder Ejecutivo con ese propósito, la fecha límite para aplicar vence el próximo 1ro. de febrero.
Ya algunas voces han pedido que dicho plazo sea extendido al mes de julio de este año. Esa no es una buena idea, aunque está llena de las mejores motivaciones humanitarias. Pero esa sería una segunda prórroga. Acogerla sería debilitar las normas institucionales. La primera prórroga fue en virtud de una ley. Igual tendría que ocurrir ahora.
Estamos muy conscientes de las limitaciones del proceso de aplicación del Plan de Regularización de Extranjeros. Unas relativas a la falta de apoyo a los interesados de parte de quienes deben acudir en su ayuda y otras asociadas a la tendencia al ocultamiento de quienes precisamente se busca favorecer. La marginalidad y la ignorancia les impiden el acceso a las instancias que conducen al plan.
Pero las autoridades tienen que cumplir con las reglas establecidas y no relajarlas demasiado. Hacerlo sería estimular las riadas migratorias con sus consecuencias.
Sin proclamas ni excesos, procede que se cumpla con la ley, lo mismo que hacen autoridades de otros países.
