Con el estremecimiento provocado por el robo y tráfico de drogas por superiores y subalternos de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) de la Policía es inevitable pensar en lo que pudiera estar ocurriendo en otros organismos e instituciones encargadas de la persecución de esta clase de delitos.
Ya hemos visto los casos que cada cierto tiempo ocurren en la Policía o en el organismo especializado de lucha contra las drogas; cómo oficiales se han asociado a narcotraficantes de alta peligrosidad (la red Figueroa Agosto, por citar otro caso); y en medio de todo esto, una denuncia más desde Hato Mayor. Una mujer que se confiesa narcotraficante, pero bajo las directrices de agentes de la Dncd y Dican. Ahora hablamos de las drogas, pero nos olvidamos de que ya es sistemática la participación de agentes en cualquier clase de delito. Los reportes de las propias instituciones así lo confirman.
Y necesariamente, hay que preguntarse, ¿hasta dónde el crimen ha penetrado nuestras instituciones responsables de la seguridad pública? La inquietud es legítima y tiene que ser una fuente de preocupación de quienes nos gobiernan.
El combate de la criminalidad, y en particular, el narcotráfico, conlleva altos riesgos. El volumen de dinero que se mueve en el mundo de las drogas constituye una amenaza real en todas las latitudes. Aquí ha sido más que evidente.
¿Cómo encarar tan serio problema? Tremendo reto para aquellas autoridades a quienes se confía una tarea clave para la vida de la República.
Mientras, y es la parte más dolorosa, el descrédito afecta a quienes tienen responsabilidad directa en la lucha contra el crimen. Y eso estimula la desconfianza de la sociedad.
Todo esto constituye un reto para quienes se toman seriamente su trabajo por la seguridad de los dominicanos.
¿Podremos confiar? No creemos que todo esté perdido.
