¿Quién tiene la culpa de la pobreza y la desigualdad?

Escuchar a altos funcionarios y al empresariado acusarse mutuamente de ser los responsables de la persistencia de la inequidad y la pobreza es de los eventos más raros y esclarecedores sobre el devenir socioeconómico del país de los que se pueda…

Escuchar a altos funcionarios y al empresariado acusarse mutuamente de ser los responsables de la persistencia de la inequidad y la pobreza es de los eventos más raros y esclarecedores sobre el devenir socioeconómico del país de los que se pueda ser testigo. Es como escuchar las peleas de una pareja en las que desnudan sus verdades y sus miserias sin admitir, bajo ningún concepto, culpas propias.

En honor a la verdad, son tan responsables los unos como los otros porque han compartido el poder y se han apoyado mutuamente, cimentando formas de funcionamiento de la economía y el Estado en beneficio mutuo, usando a muchos y convidando a pocos. Y cuando los modelos han dejado de funcionar y ha sobrevenido la crisis, han puesto a otros a pagar los platos rotos.

Las culpas del liderazgo empresarial son más que evidentes. Los “éxitos” de muchos se han fundamentado en los bajos salarios, en las exenciones fiscales, en el abuso de poder en los mercados, y en el aprovechamiento, muchas veces depredador, de los recursos naturales y han accionado persistentemente para perpetuar esa forma de generar y apropiarse de riqueza. Sus gremios han sido activos en contener las alzas salariales, en impulsar y defender sus exenciones, y en patrocinar y respaldar formas indefendibles de explotar los recursos naturales. De esa manera, han sido actores clave en la construcción de esta forma de desenvolvimiento económico que ellos mismos reconocen como insatisfactoria.

Las responsabilidades de los grupos políticos que han tenido poder real son igualmente incuestionables. Son ellos quienes han creado las leyes, las regulaciones y los incentivos y exenciones; fueron ellos quienes le dieron poder de veto al empresariado en las decisiones de fijación de salarios y en el establecimiento de las reglas de operación de la seguridad social; son ellos los responsables de hacer cumplir las leyes y regulaciones; y son ellos los responsables de hacer que el dinero público sirva al interés colectivo.

Si las exenciones han favorecido desmesuradamente las ganancias a costa de las capacidades financieras del Estado, si los aumentos de salarios mínimos apenas han compensado la inflación pasada y no han reconocido los aumentos de productividad, si el grueso de los beneficios de la seguridad social está siendo capturado por unas pocas empresas dejándole migajas a los afiliados, y si una proporción importante del dinero público se ha quedado en pocas manos, enredada en compras y contrataciones amañadas y en pago por servicios personales que en verdad no se ofrecen, es porque los partidos políticos y el alto funcionariado que por años han tenido posiciones de mando en el Estado lo ha promovido o lo ha tolerado.

Los artífices de la política macroeconómica también son responsables del crecimiento sin bienestar, porque han privilegiado desmesuradamente la estabilidad en desmedro de un crecimiento con calidad; porque han puesto un énfasis exagerado en la tasa de cambio y la inflación, sacrificando las exportaciones, la inversión y el empleo; porque desde 2008 han convertido en norma lo que debe ser una política fiscal excepcional de altos déficits y deuda pública; porque en base a ella han facilitado una excepcional bonanza en el sector financiero que alimenta la desigualdad; y porque al final de cuentas ella está comprometiendo de manera creciente la capacidad del Estado de financiar cosas tan elementales como la salud pública, la educación, la seguridad pública y la justicia y la infraestructura básica.

Pero las responsabilidades de cada uno no están separadas. Esas cúpulas han pactado. A través de políticas y decisiones generosas, los grupos políticos han ofrecido privilegios al sector empresarial de mayor peso económico y político. A cambio, éstos han tolerado la discrecionalidad y la turbidez en el manejo de las finanzas del Estado, lo cual le ha otorgado mayor autonomía económica a los partidos y mayor poder para negociar frente al empresariado y para imponerse frente a la sociedad.

A pesar de eso, que ambos grupos empiecen a reconocer que la desigualdad, los bajos salarios y la pobreza son un grave problema es positivo. El reto es pasar de la preocupación, que es global, al pronto y serio debate y la articulación de políticas que empiecen a reemplazar el andamiaje de políticas e instituciones excluyentes por uno nuevo que como mínimo suponga menos privilegios y exenciones, más impuestos para los que pueden pagar, salarios crecientes, más gasto social, mayores beneficios de la seguridad social, menos discrecionalidad para los funcionarios, y más justicia y menos impunidad.
Eso sería hacer lo que nunca se ha hecho.

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