BUENOS AIRES. El fiscal federal que heredó la denuncia de su fallecido colega Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández resolvió el viernes que existen sospechas fundadas e impulsó la investigación, lo que el Gobierno atribuyó a un intento de “desestabilización”.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien a lo largo de su carrera judicial de más de una década no le ha temblado el pulso para investigar a dirigentes poderosos de la política argentina.
En un “requerimiento de instrucción”, Pollicita dijo que “corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia jurídico penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr. Alberto Nisman, cuya investigación se promueve mediante este acto procesal”.
La resolución del fiscal significó un nuevo impacto sobre la figura de la presidenta, justo a punto de cumplirse un mes de la misteriosa muerte del fiscal, que formuló la denuncia más grave en su contra y a pocos días de una marcha convocada por distintas organizaciones sociales para pedir por el esclarecimiento del caso Nisman, que se espera sea multitudinaria.
A diferencia de su colega fallecido, Pollicita no solicitó que se tome declaración indagatoria a la mandataria ni a su canciller Héctor Timerman, acusados de encubrir la presunta responsabilidad de un grupo de iraníes sindicados de un atentado terrorista en contra de un centro comunitario judío. La presidenta no opinó hasta ahora sobre la medida del fiscal.
