La trampa de liquidez es posiblemente la más famosa de las trampas macroeconómicas. Descrita originalmente por Keynes, muestra la inefectividad de la política monetaria cuando las tasas de interés son muy bajas y/o cercanas a cero. Inyecciones adicionales de dinero al sistema bancario dejan de tener efectividad para estimular la economía, pues las tasas de interés no pueden bajar más de donde están. La crisis financiera que se inició en el 2008 y la política monetaria expansiva adoptada en la mayoría de las principales economías del mundo acercó las tasas de interés a cero durante el período 2009-2014, lo que llevó a Paul Krugman, premio Nobel de Economía, a plantear que las economías de EUA, Europa y Japón habían caído en la trampa de la liquidez.
No es de esa trampa, sin embargo, a la que queremos referirnos en este artículo. Es sobre la trampa del gasto corriente que queremos alertar. En el Presupuesto del 2015, que aprobó el Congreso Nacional, se estableció que el 100% de los ingresos corrientes del Gobierno Central durante el 2015 se destinarán a cubrir gastos corrientes. Algunos pensarán que es la primera vez que esa situación se verifica en nuestro país. Pero no es así. Se produjo en 1979, en 1982-1983, en el 2011 y prácticamente en el 2014 (99.3%). Los gobiernos de los países que caen en la trampa del gasto corriente –el 100% de los ingresos corrientes se destinan a cubrir los gastos corrientes-, descubren rápidamente el surgimiento de la cuasi-identidad existente entre el gasto de capital y el déficit fiscal. Si todo el ingreso corriente que recibe un Gobierno se tiene que destinar a cubrir gastos corrientes, la única forma de hacer inversiones públicas o ejecutar gastos de capital, es a través del endeudamiento, haciendo imprescindible, en consecuencia, el surgimiento del déficit fiscal.
Para países en vías de desarrollo como el nuestro, con deficiencias de infraestructura física de agua potable, riego, alcantarillado, escuelas, hospitales, energía, transporte público, caminos, calles, carreteras, autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, resulta prácticamente imposible pensar que el gasto de capital puede ser permanentemente cero a los fines de equilibrar las finanzas públicas, condición requerida cuando nos encontramos en una situación de trampa del gasto corriente.
Estudios realizados por la CEPAL indican que la América Latina requeriría destinar el 7% del PIB todos los años para ofrecer mantenimiento a la infraestructura física actual y reducir la brecha de infraestructura existente con los países desarrollados y las economías emergentes mas pujantes del sudeste asiático. Está claro, sin embargo, que una parte no despreciable de la inversión en infraestructura física, puede ser realizada por el sector privado. Tal es el caso de las telecomunicaciones, la energía, puertos, aeropuertos y autopistas. Sin embargo, cuando se incorporan los efectos sobre el gasto público que pueden derivarse de los cargos y peajes sombra que generalmente acompañan a los contratos entre el Estado y los privados para la construcción, operación y mantenimiento de algunas infraestructuras, la contribución neta privada resulta ser generalmente menor que la esperada.
Es obvio que si adoptamos la regla del 7% del PIB de inversión pública en la situación de trampa del gasto corriente en que nos encontramos, en poco tiempo el país tendría que declarar su incapacidad para cumplir sus compromisos de servicio de deuda pública. Utilicemos, por tanto, un nivel más razonable, el promedio del gasto de capital ejecutado por el Gobierno dominicano durante los últimos 38 años del período 1978-2015. Si se computa veremos que dicho nivel es 4.25% del PIB. Si se asume que el sector privado invierte anualmente US$850 millones en telecomunicaciones, energía, puertos y aeropuertos, terminaríamos con una inversión anual en infraestructura física de 5.6% del PIB, inferior al 7% recomendado por CEPAL.
Con 4.25% del PIB en gasto de capital tendríamos que en la situación actual de trampa del gasto corriente, el déficit fiscal anual sería de 4.25% del PIB. Si a ese monto le sumamos el déficit del resto del sector público no financiero promedio de los últimos cuatro años (0.63% del PIB) y el déficit cuasi-fiscal del Banco Central (1.48% del PIB), tendríamos un déficit del sector público consolidado de 6.36% del PIB. Se necesitaría un crecimiento astronómico del PIB todos los años para evitar que la relación deuda pública a PIB no aumente.
Visto lo anterior, las opciones están claras: 1) reducimos el gasto corriente; 2) aumentamos los ingresos corrientes; 3) combinamos una reducción del gasto corriente con un aumento de los ingresos corrientes; o 4) nos preparamos para un inevitable incumplimiento en el servicio de la deuda pública en el mediano plazo.
Al Pacto Fiscal, por razones entendibles, todos les estamos sacando el cuerpo. Tememos quemarnos con el tizón caliente. La realidad, sin embargo, está a la vista de todos. Reducir aún más el gasto de capital para tratar de contener la razón deuda/PIB no es sostenible ni deseable. Hay que reducir el gasto corriente hasta donde sea posible y aumentar sensiblemente los ingresos corrientes del Gobierno hasta donde sea sensato.
