Como persisten los indicadores negativos de violencia, difícilmente nos conformemos con el dato de que 2014 cerró con una tasa de la criminalidad a la baja. Que de 20.3 muertes violentas por cada 100 mil habitantes como ocurría en 2013, el país haya tenido una reducción a 16.1 poco significa para la gente que sigue viendo cómo mueren los ciudadanos a mano de delincuentes.
Es decir, que la reducción del índice de criminalidad, de 4% de un año a otro, no cuenta mucho para las personas, al margen de que objetivamente se trata de una cifra muy importante para quienes combaten la violencia y también para aquellos que dan seguimiento a ese flagelo.
Y es que el estrés a que someten los criminales a la sociedad deja huellas y cualquier avance resulta insuficientemente, poco significante. Que las autoridades registren que hoy en día República Dominicana está entre los países con menos violencia en el Caribe y Centroamérica poco importa a la gente. Las cifras son importantes para los especialistas.
Sólo cuando por una reducción efectiva del crimen callejero la gente empiece a sentirse segura, con el paso del tiempo y con una tendencia continua a la baja, sin picos alarmantes, podría empezar a cambiar esa percepción de inseguridad que inquieta a todos.
De todas formas, que durante casi una década continua estemos marcando niveles de disminución de la criminalidad es bueno. Descender de 26 víctimas por violencia por cada cien mil habitantes desde hace diez años, a las 16 de hoy es un avance, pero para que se perciba de verdad, esa ocurrencia debe ser sostenida en el tiempo. Que los ciudadanos lo vivan, lo perciban y puedan empezar a decir que se sienten seguros.
¿Qué ha propiciado estos cambios? Probablemente las autoridades no tienen una única respuesta, pero los resultados podrían decirnos que se está avanzando en una dirección adecuada.
Esperemos que continuemos por el buen camino, con la sistemática mejoría en los programas en marcha, lo mismo que la calidad humana y profesional de quienes tienen a cargo la aplicación de la política de seguridad ciudadana.
