En la puesta en servicio del primer tramo de la Circunvalación de Santo Domingo, de unos 23 kilómetros, resalta un hecho tan importante como la calidad de la vía: su construcción con fondos provenientes del cobro del peaje, un dato impresionante debido a su costo estimado de unos US$115 millones. La obra, cuya segunda fase estará lista antes de final de año, tendrá , de hecho ya tiene, un efecto muy positivo sobre la actividad económica, aligerando el tránsito vehicular, especialmente el pesado, lo que hará menos traumática la vida en la capital dominicana. Una vez terminada, esta vía permitirá que los vehículos procedentes del sur, como ya ocurre, así como del este con destino a las poblaciones de la región norte, se libren de la tensión que significa transitar por la ciudad con un notable ahorro de tiempo y combustible, reduciendo con ello los niveles de contaminación por el exceso de circulación vehicular.
Por primera vez el dinero del peaje se usa para ampliar la red vial del país, lo cual amerita un reconocimiento al gobierno del presidente Danilo Medina. No olvidemos que el peaje en las carreteras concesionadas a inversionistas privados apenas se han usado para el mantenimiento de esas vías, teniendo casi siempre el gobierno que asumir las reparaciones. Tal han sido los casos de la carretera que lleva a Samaná y la experiencia con la empresa Dovicom, que manejaba las principales autopistas, así como la de la española CODACSA, concesionaria de Las Américas, la que terminó en un litigio con un costo para la nación 40 millones de dólares.
El uso del dinero de los peajes que controla la RD Vial, la fiduciaria del Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, en la construcción de nuevas e importantes vías es un magnífico ejemplo de cómo invertir los impuestos que pagan los ciudadanos por el uso de las carreteras. Esta política debe dejar atrás una corrupta práctica pasada de oneroso legado.
