Con la aprobación en el año 2001 de la Ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la República Dominicana dio un paso importante para avanzar gradualmente hacia la conformación de un Estado de Bienestar capaz de cumplir con los derechos sociales acreditados constitucionalmente a todos los dominicanos. El tránsito de una seguridad social solo para algunos a una seguridad social para todos constituye un reto de enorme trascendencia para un país acostumbrado a políticas públicas más enfocadas al crecimiento económico y menos a la inequidad distributiva.
A los derechos de seguridad social establecidos en la Ley 87-01, específicamente, seguro de salud familiar, pensiones y accidentes de trabajo, se fueron añadiendo a partir del 2004 una seria de acciones del Estado dominicano como la creación de programas de transferencias focalizados condicionadas al amparo del Programa Solidaridad, y la construcción y remodelación de nuevas infraestructuras hospitalarias y de educación superior que proveen servicios a la población de menores niveles de ingresos. Bajo la administración del Presidente Danilo Medina, estos esfuerzos adquieren una intensidad sin precedentes, dejando una marca muy clara en la ejecución presupuestaria: un aumento considerable de la inversión en educación, inicialmente canalizado a la construcción masiva de escuelas, estancias infantiles y ajustes salariales a los maestros del sistema público. También con la inversión en la construcción y remodelación de hospitales públicos y la canalización de financiamiento subsidiado a proyectos de grupos sociales de bajos niveles de ingreso que den lugar a aumentos de empleo e ingreso.
El tránsito de República Dominicana hacia la conformación de un Estado de Bienestar se ha acelerado durante la presente administración. Esta decisión es respaldada por la mayoría de los dominicanos pues constituye un esfuerzo gubernamental considerable para mejorar la distribución del ingreso mientras el crecimiento económico se encarga de reducir gradualmente los niveles de pobreza e indigencia.
Debemos, sin embargo, estar plenamente conscientes de que la generalización de los derechos sociales tiene como contrapartida el reconocimiento de las obligaciones que la primera acarrea. El Estado de Bienestar no es gratis. Cuesta, cuesta mucho más de lo que el Estado dominicano en la actualidad está en capacidad de financiar.
La crisis fiscal y de la deuda soberana de muchos países europeos tiene su origen en la insuficiencia de ingresos para financiar un creciente Estado de Bienestar, lo que ha obligado a recurrir a endeudamiento público creciente. La crisis estalla cuando los que durante años han estado prestando dinero para sostener esos Estados de Bienestar, se detienen a pensar si esos gobiernos podrán alguna vez honrar las enormes deudas contraídas.
El caso de Grecia está a la vista de todos. Un gasto público que osciló entre 45% y 55% del PIB en el 2004-2009, insuficientemente soportado por ingresos fiscales que se movieron entre 38% y 41% del PIB, dando lugar a un déficit que fue creciendo desde 7.4% del PIB en el 2004 a 15.2% en el 2009. Esta práctica, que venía desde años atrás, obligaba a los diferentes gobiernos de Grecia a incurrir en crecientes endeudamientos. De una deuda pública equivalente a 99% del PIB en el 2004, pasaron a 127% en el 2009. La situación se agravó en los años siguientes, dada la imposibilidad de reducir sensiblemente el gasto público en los Estados de Bienestar. Una vez la población aquilata los derechos sociales que recibe, resulta muy difícil para los gobiernos recortarlos. La deuda pública, en vez de bajar, ha subido a 176% del PIB, debido en parte a la contracción de 33.5% que ha evidenciado el PIB nominal en Grecia entre el 2008 y el 2014.
Muchos podrían decir que nosotros no estamos en una situación fiscal tan crítica como la griega. Que mientras la deuda pública allá es de 176% del PIB aquí terminó el año pasado en cerca de 48% del PIB y que este año, gracias a la recompra con descuento de la deuda con PDVSA, posiblemente, terminará por debajo. Eso es totalmente cierto. Pero no nos engañemos. Mientras el Gobierno de Grecia recibe actualmente ingresos equivalentes al 47% del PIB, el nuestro sólo recibe el 15%. Grecia está peor que nosotros. Tiene una relación de deuda pública a ingresos fiscales equivalente a 374%. Pero eso no implica que nosotros estemos bien con una relación de 324%, similar a la que tenía Grecia en el 2009.
Lo más preocupante es que ese 324% en nuestro caso está pesando más en nuestras finanzas públicas que el 374% de Grecia. Los intereses que debe pagar el Gobierno por concepto de la deuda pública, incluyendo los pagados por el Banco Central a sus tenedores de certificados no compensados en su totalidad por los intereses de la recapitalización que le paga el Gobierno Central, ascendieron en el 2014 al 26.4% de los ingresos del Gobierno, mucho mayor que el 9.2% que en el caso de Grecia.
Solo un aumento de los ingresos del Gobierno que se destine a reducir el déficit público y no a aumentar más el gasto, podría evitar que en unos años República Dominicana se vea en una situación muy difícil para seguir honrando sus compromisos de deuda. Estamos a tiempo todavía para evitar ese desenlace. El Pacto Fiscal constituye el espacio ideal para que todos los que aplaudimos la generalización de derechos sociales que está teniendo lugar en el país reconozcamos que el Estado de Bienestar hacia el cual transitamos no es gratis y que es con impuestos y no con deuda como debe financiarse.
