Para entender la política de cedulación y registro electoral frente a la diáspora hay que irse a fondo a la filosofía. Meter la cabeza y el cuerpo entero en el siglo XVIII desde “El Contrato Social”, fundamento y esencia de la Revolución Francesa y el nacimiento de los derechos civiles, y la democracia. Para Roberto Rosario Márquez y los demás jueces, el voto del exterior es paja de coco. No importa en absoluto los cuatro mil millones que la diáspora inyecta cada año a la economía. Y que si se enciende la pasión del nacionalismo pueden multiplicarse dos o tres veces más. Sin que haya que verlo como intercambio de dólares por votos, como una vez escribió un analista de fuste.
El tema es más de derecho ciudadano que de filosofía. Aplica a la realidad de la diáspora, victima por décadas de la exclusión política, aquella frase de Jean Jacques Rousseau cuando en 1778, dos siglos atrás, escribió: “El hombre ha nacido libre y se halla encadenado por todas partes”. Los votos de la diáspora, los emigrantes dominicanos dispersos por todo el mundo, son cáscara de maní. Como esclavos modernos importan muy poco. El padrón nacional tiene 7 millones 373 mil 568 ciudadanos. Al 10 de enero, cuando la JCE decretó el vencimiento de la cédula, habían 5 millones 715 mil 299 dominicanos. El reporte oficial disponible dio cuenta de que faltaban 2 millones 118 mil 138 ciudadanos por inscribirse, sin que se haya establecido si son votantes de la isla o de la diáspora.
En apenas dos años, la JCE completó el 70 por ciento del proceso. En cambio, en la diáspora sólo cubrió a 86,440 cedulados. En 20 años terminarán. ¿Por qué? Si asumimos como real la cifra de 2 millones de dominicanos residentes en el exterior (Europa, Estados Unidos, Puerto Rico y otros) eso significa que en dos años la cedulación solo llegó al cuatro por ciento de la diáspora. ¿Por qué esta diferencia tan ridícula y abismal en la marcha del proceso de cedulación de aquí y de allá 70 a 4 por ciento? No es falta de recursos ni locales. Es más, si Roberto Rosario fija una cuota de 10 dólares, la diáspora lo paga sin protestar, siempre que se justifique en qué van a invertir esos fondos. Pero como las razones no son económicas, sino políticas, hay que buscar otras justificaciones más inverosímiles.
Tan pobre cedulación tenía que ser preocupante, pero no lo es. Sin hacer cálculos ni proyecciones , la JCE anunció un aumento de los centros. Sumaron 32 centros nuevos. Lo que no dicen es cuál será la meta final ni si es posible lograrla. Ese dato es tan peligroso como el voto de la diáspora, libre de influencias, libre de intereses mezquinos y clientelismo político. Una operación matemática simple dice que si registramos cinco mil votantes diarios en un año podemos tener 1 millón 825 mil votantes registrados, con 86 centros, igual que en Santo Domingo. Pero como no queremos eso en la JCE, lo mejor es seguir al paso de la tortuga, frente al voto inservible, inútil, de la diáspora. Tiene mucha razón Rousseau cuando, en su discurso sobre el origen de las desigualdades, dijo: “La libertad de los individuos es el silencio de la ley”.
